En medio de un clima político crispado y con la democracia representativa bajo el microscopio, el exministro de Justicia Wilson Ruiz ha lanzado una advertencia que resuena con fuerza en los pasillos del poder. En una carta dirigida a la juez 30 civil del circuito de Bogotá, Annabel Mendoza Martínez, el jurista —hoy apoderado del partido Centro Democrático— solicitó de manera categórica la suspensión de la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), prevista para este martes 8 de abril.
La preocupación central de Ruiz se ancla en lo que describe como una amenaza directa a los principios fundamentales del orden democrático. “Si la elección sigue adelante, se consolidará un acto viciado que podría lesionar de forma irreparable el derecho de participación política y el equilibrio institucional”, advirtió. En su concepto, no se trata solo de una disputa burocrática, sino de una alteración profunda del mecanismo de representación en un órgano clave para la transparencia electoral.
La raíz del conflicto radica en la exclusión de sectores de oposición, particularmente del Centro Democrático, del proceso de postulación. Según Ruiz, se les impidió ejercer su derecho a presentar candidatos al cargo, lo que convierte la eventual elección en un procedimiento sesgado. “No se puede hablar de pluralismo cuando se bloquea la participación de fuerzas políticas legítimas”, expresó en declaraciones a Semana.
El CNE, entidad encargada de velar por la legalidad de los procesos electorales, está compuesto por magistrados elegidos por el Congreso en pleno, bajo una lógica de representación política. La conformación de este cuerpo colegiado ha sido, históricamente, un reflejo de las mayorías legislativas. No obstante, para Ruiz, ese argumento no justifica la supuesta omisión del gobierno al no garantizar condiciones equitativas para todos los partidos.
De permitirse la elección en los términos actuales, insiste el exministro, “estaríamos ante una arbitrariedad con consecuencias duraderas, no solo para los afectados políticos directos, sino para toda la arquitectura democrática del país”. Por ello, ha invocado el principio de periculum in mora, es decir, el riesgo de un daño irreversible si la acción judicial no se resuelve antes del hecho consumado.
La solicitud de medida cautelar, de ser acogida por el juzgado, podría frenar un proceso que ha avanzado sin mayores cuestionamientos en la opinión pública, pero que ahora enfrenta una turbulencia jurídica con implicaciones de fondo. La elección de magistrados del CNE no es una mera formalidad: define el futuro del árbitro electoral en un país históricamente tensionado por sus procesos de votación.
Desde el gobierno y sectores aliados aún no se ha emitido una respuesta oficial a la carta de Ruiz, aunque fuentes legislativas aseguran que el cronograma se mantiene hasta nueva orden. Mientras tanto, el Centro Democrático apuesta por el litigio como vía para forzar una reformulación del proceso. No se descarta que otros partidos minoritarios se sumen a la controversia.
Así, con una carta, una fecha y una elección en el horizonte inmediato, Colombia se enfrenta nuevamente a una prueba de fuego sobre la solidez de sus instituciones. Lo que está en juego no es solo un asiento en el CNE, sino la credibilidad de un sistema que, en palabras de Ruiz, no puede darse el lujo de parecer “manipulado antes incluso de comenzar”.
