En un país donde las montañas dibujan rutas que conectan culturas, regiones y sueños, viajar por carretera es más que una necesidad: es una tradición. Familias que emprenden viajes en festivos, viajeros que buscan aventuras por rincones apartados, y transportadores que sostienen la economía rodante del país. Sin embargo, una nueva medida del Ministerio de Transporte está a punto de redefinir esa experiencia.
A raíz de la creciente preocupación sanitaria provocada por el brote de fiebre amarilla, que ha venido extendiéndose por varias zonas del país, el Gobierno ha decidido implementar restricciones y requisitos adicionales para quienes se movilicen por vía terrestre o fluvial. Se trata de una respuesta que, aunque urgente y justificada en términos de salud pública, no deja de generar inquietud entre viajeros y operadores del sector.
La principal novedad es que, a partir de las próximas semanas, se exigirá portar el carné de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar o salir de ciertas regiones del país, especialmente aquellas catalogadas como zonas de riesgo epidemiológico. Esto aplicará tanto para el transporte público intermunicipal como para vehículos particulares. Además, en algunos corredores específicos, habrá controles sanitarios itinerantes.
No es la primera vez que la fiebre amarilla obliga al país a tomar medidas drásticas. Sin embargo, lo que diferencia esta coyuntura es su alcance: ahora no se trata solo de viajeros internacionales o habitantes de selvas tropicales, sino de un público mucho más amplio que se moviliza entre ciudades y pueblos intermedios, muchos de ellos sin noción del riesgo ni del nuevo requisito.
El Ministerio ha defendido la medida como un acto de responsabilidad. “No podemos permitir que un brote evitable se propague por descuido”, declaró un vocero de la cartera. Sin embargo, los gremios del transporte han expresado preocupación por la falta de claridad en la implementación, la escasa capacidad de verificación en las carreteras y el posible impacto económico en el turismo local, que apenas comienza a recuperarse.
A esto se suma un factor social inevitable: el acceso desigual a los servicios de salud. En zonas rurales o municipios alejados, conseguir la vacuna puede ser más complicado que cumplir con el requisito. ¿Qué pasa con quienes no han tenido oportunidad de vacunarse? ¿Serán excluidos del derecho a movilizarse libremente por su propio país?
Más allá del debate logístico y legal, la situación plantea un desafío mayor: cómo equilibrar el derecho a la salud con la libertad de movimiento. La medida, aunque válida, no puede convertirse en una excusa para una nueva forma de exclusión, donde los más vulnerables —los mismos que suelen viajar por tierra— sean los más afectados por políticas mal comunicadas o mal ejecutadas.
En definitiva, Colombia enfrenta una paradoja: proteger la vida implica, en ocasiones, restringir la libertad. Pero solo un Estado que informa, previene y garantiza el acceso equitativo a las soluciones puede evitar que esa paradoja se transforme en injusticia. Porque si algo nos ha enseñado el camino, es que todos merecen transitarlo con dignidad y sin obstáculos desiguales.
