Una nueva controversia sacude a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), esta vez por cuenta de una denuncia por presunto acoso laboral que ha desembocado en una investigación por parte de la Superintendencia de Sociedades. La queja fue interpuesta por Tania Hernández Guzmán, exvicepresidenta jurídica de la entidad, quien señala directamente a tres altos funcionarios, entre ellos a Enrique Vargas Lleras, presidente de la junta directiva.
La denuncia ha generado un revuelo significativo dentro del sector empresarial y jurídico de la capital, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la talla de los nombres involucrados. Junto a Vargas Lleras, figuran Alejandro Mejía, también miembro de la junta, y Constanza del Pilar Puentes Trujillo, secretaria de la misma. La Superintendencia ha asumido el caso con discreción, pero ya avanza en las primeras indagaciones preliminares.
Frente al escándalo, la Cámara de Comercio reaccionó de manera inmediata con un comunicado institucional firmado por Vargas Lleras. En el documento, se hace énfasis en que la entidad opera “bajo los más altos estándares de ética y transparencia”, y que todos sus integrantes están sujetos a un régimen de responsabilidad que exige probidad, legalidad y diligencia en su actuar.
“Rechazamos categóricamente las acusaciones de la doctora Hernández, quien tuvo un paso fugaz por la institución. Siempre hemos actuado conforme a la ley y al marco normativo que rige nuestra labor”, señaló el comunicado. También se reitera la disposición total a colaborar con las autoridades y atender los requerimientos que surjan del proceso administrativo que lidera la SuperSociedades.
El pronunciamiento busca contener los efectos reputacionales que una investigación de este calibre puede tener sobre una entidad como la CCB, clave en el desarrollo empresarial del país. En el comunicado, se destacan además los mecanismos internos con los que cuenta la institución para prevenir conflictos laborales y promover una cultura organizacional basada en el respeto y la transparencia.
No obstante, la denuncia reabre el debate sobre las dinámicas de poder dentro de las entidades gremiales y corporativas del país, donde a menudo los procesos internos de denuncia no logran trascender los muros del silencio o la discrecionalidad. Este caso, al haberse elevado a la esfera pública, pone a prueba no solo a los investigados, sino también a los sistemas de control internos de la Cámara.
Vargas Lleras, reconocido por su trayectoria empresarial y su apellido de resonancia política, parece estar dispuesto a dar la batalla jurídica y mediática con el mismo rigor con que defiende su gestión. La CCB, por su parte, se enfrenta al reto de blindar su institucionalidad en medio de cuestionamientos que, aunque en fase inicial, ya generan inquietud en los círculos empresariales.
Mientras tanto, el país observa. La respuesta de las autoridades y el desarrollo de la investigación marcarán un precedente sobre cómo se manejan los casos de presunto acoso en espacios de poder, y si efectivamente los principios de ética y legalidad que se proclaman, logran imponerse ante la sombra de la duda.
