La caída de Andrés Calle no fue solo el desplome de un político en ascenso, sino el estallido de una disputa soterrada por una de las estructuras de poder más estratégicas del Caribe colombiano: la hidroeléctrica de Urrá. A primera vista, se trata de una represa que surte de energía al departamento de Córdoba y hace aportes vitales al sistema energético nacional. Pero bajo su murmullo hidráulico, se libra hoy una guerra política y empresarial que tiene en vilo a buena parte del establecimiento costeño.
La captura del expresidente de la Cámara, involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, dejó un vacío súbito en el tablero de poder local. Los Calle, familia que por años tejió una red de influencias en el Caribe, perdieron su anclaje institucional. Y ese vacío no tardó en ser disputado. Porque controlar Urrá no es solo controlar una generadora: es influir sobre millonarios contratos, puestos estratégicos y, en muchos casos, el flujo de favores y recursos que definen la política regional.
Lo que era una pugna silenciosa se transformó en una guerra abierta. Distintas facciones políticas en Córdoba, algunas ligadas al petrismo, otras al clientelismo tradicional y algunas más al empresariado emergente, buscan hacerse con el timón de Urrá. Las tensiones aumentaron tras conocerse que el nombre de la hidroeléctrica apareció en documentos internos de Ecopetrol, en el marco de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo supuesto objetivo era evaluar el impacto reputacional de Ricardo Roa, presidente de la petrolera y exgerente de la campaña Petro.
Y ahí se entrecruzan las dos historias: la de Ecopetrol y la de Urrá, con Roa en el epicentro. En la maraña de relaciones personales, políticas y contractuales, aparece el nombre de Julián Caicedo, pareja de Roa, y cuyas conexiones con entidades estatales levantan sospechas de tráfico de influencias. La hidroeléctrica, en este ajedrez, no es solo una empresa; es una pieza clave del juego de poder que se juega a espaldas de la opinión pública y, muchas veces, de la legalidad.
Urrá, que abarca unas 8.000 hectáreas al sur del departamento y opera con una capacidad instalada de 340 megavatios, es también un símbolo de cómo las infraestructuras públicas pueden convertirse en botín político. No es casual que, cada vez que un liderazgo se resquebraja en Córdoba, las fichas alrededor de Urrá se muevan con rapidez. Los contratos, los cargos, la dirección técnica y la influencia sobre comunidades locales son codiciados por todos los actores que saben que, en esa represa, se concentra más que energía: se concentra poder.
La pregunta que queda en el aire es quién saldrá ganando en esta nueva disputa. Con el vacío dejado por los Calle, y la presión mediática y judicial sobre Roa, los equilibrios tradicionales se han roto. Pero en Colombia, donde los vacíos no duran mucho y el pragmatismo político siempre encuentra herederos, es probable que pronto una nueva figura surja para reclamar el control de Urrá. Lo preocupante es que, entre tanta estrategia palaciega, lo último en ser considerado sea el bienestar del departamento y la eficiencia energética del país.
Así, lo que debiera ser un ejemplo de soberanía energética y desarrollo regional, se convierte en otra historia de ambiciones desbordadas y disputas de poder. Urrá, la joya hidráulica de Córdoba, no merece ser tratada como moneda de cambio ni fortín burocrático. Pero mientras el país mira hacia otros escándalos, su destino se juega en reuniones discretas, contratos confidenciales y silencios cómplices. Porque en Colombia, incluso el agua puede tener dueño.
