En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el Congreso de la República fue escenario de un debate que, más allá de lo político, se convirtió en un reflejo del dolor no resuelto que aún atraviesa a Colombia. La discusión estalló cuando la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó la legitimidad de que Jorge Tovar —hijo del exjefe paramilitar Jorge 40— presidiera la sesión especial de víctimas en el legislativo. En respuesta, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no solo defendió a Tovar, sino que lanzó una crítica directa a la senadora.
El nombre de Jorge 40 volvió a resonar en el recinto del Congreso, esta vez no por sus crímenes, sino por el lugar que su hijo, Jorge Tovar, ocupa hoy en la política nacional. Tovar fue asignado como presidente de la sesión debido a la ausencia del titular de la Cámara, y esa decisión encendió una controversia que no tardó en convertirse en una confrontación de memorias, heridas personales y responsabilidades históricas.
“Me parece inaceptable que se juzgue a una persona por ser el hijo de alguien”, expresó Miranda, con voz firme, en defensa de su compañero. Pero lo que generó mayor tensión fue la comparación directa con la historia personal de María José Pizarro, hija del líder del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990. “Si ese es el criterio, entonces usted tampoco debería estar aquí”, añadió Miranda, cruzando una línea delicada entre lo político y lo íntimo.
Pizarro, visiblemente afectada, no tardó en responder. Recordó que su padre, tras dejar las armas, fue candidato presidencial y firmante de la paz. “No se puede equiparar a un hombre que buscó la reconciliación con uno que sembró el terror desde el paramilitarismo”, dijo, dejando en claro que, para ella, no se trata de una cuestión de linaje, sino de contextos históricos, responsabilidades y caminos tomados.
Este enfrentamiento dejó al descubierto una de las tensiones más profundas del país: el debate sobre el legado, la herencia moral, y la capacidad de perdón en una nación aún marcada por los estragos de la guerra. ¿Hasta qué punto los hijos deben cargar con las culpas de sus padres? ¿Y en qué momento el país está dispuesto a reconocer que la reparación y la verdad deben ir por encima de la venganza simbólica?
Las palabras que se cruzaron en el Capitolio no solo fueron duras, también fueron sintomáticas. En un espacio que debía estar dedicado a honrar a las víctimas, el protagonismo lo tomó una disputa entre dos figuras públicas que, desde orillas distintas, encarnan las múltiples caras de la memoria nacional. La sesión, que buscaba ser un homenaje, terminó siendo un recordatorio de que la reconciliación aún es una promesa por cumplir.
Mientras tanto, Jorge Tovar, en medio del fuego cruzado, guardó silencio. Su papel como figura pública sigue siendo incómodo para muchos sectores, pero su presencia también plantea una pregunta difícil: ¿es posible, en Colombia, que los hijos de victimarios encuentren un lugar legítimo en el servicio público sin cargar eternamente con la condena social?
La jornada terminó con tensiones en el aire y un Congreso que, en lugar de unidad, mostró las fisuras que el conflicto dejó en la política y la sociedad. Lo que ocurrió entre Miranda y Pizarro no fue solo un “agarrón” más: fue un espejo, incómodo y real, de las heridas que aún no han cerrado en Colombia.
