En el corazón de la Cuarta Brigada, donde retumban todavía los ecos de décadas de conflicto, se alzó este jueves una voz común desde Medellín y Antioquia: la necesidad de mayor contundencia estatal frente al crimen organizado. Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, y Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, no usaban eufemismos ni ambigüedades. Hablaron claro, sin diplomacia innecesaria. Y lo hicieron frente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un consejo de seguridad que reflejó más tensiones que acuerdos.
Gutiérrez, acostumbrado al lenguaje directo, no dudó en calificar la política de Paz Total del gobierno Petro como “un fracaso absoluto”. A su juicio, los diálogos con estructuras armadas en Medellín y el Valle de Aburrá no han hecho más que legitimar a quienes, desde la clandestinidad, siguen extorsionando, desplazando y sembrando miedo en los barrios populares. “No puede ser que hablen de paz y que eso se interprete como una licencia para delinquir”, sentenció.
El ministro Velásquez, en respuesta, fue enfático: actualmente no existe ningún cese al fuego ni suspensión de operaciones ofensivas contra grupos criminales. “La orden es clara: usar toda la capacidad del Estado para neutralizar las amenazas”, afirmó. Sin embargo, sus palabras no apaciguaron el reclamo regional. La distancia entre Bogotá y Antioquia se mide, también, en percepciones de seguridad.
Andrés Julián Rendón, más institucional pero igual de firme, cuestionó el debilitamiento de la presencia policial y militar en el departamento. Según él, Antioquia cuenta hoy con menos de la mitad de los policías que necesita. Además, insistió en la necesidad de claridad jurídica y operativa para que la Fuerza Pública actúe sin ambigüedad ni temor a cuestionamientos legales. El mensaje fue claro: sin respaldo político, el uniforme pierde peso.
El gobernador incluso fue más allá: sugirió contemplar el regreso de la aspersión aérea contra cultivos de coca, una medida polémica pero que, en su visión, podría ser necesaria frente al crecimiento del narcotráfico y su correlato en violencia. Es un pedido que revive viejas discusiones sobre derechos humanos, salud pública y eficacia de las estrategias antidrogas. Pero, como se evidenció en la reunión, el tiempo del debate académico parece agotado ante el clamor ciudadano por la seguridad inmediata.
Este consejo de seguridad no fue una foto para el boletín de prensa, sino una escena de desencuentros estructurales entre la Nación y las regiones. Antioquia, históricamente golpeada por la violencia, no acepta ambigüedades. Su dirigencia exige presencia real del Estado, no discursos ni intenciones. La situación, reconocen todos los asistentes, no da espera.
Más allá de las cifras y los discursos, lo que se evidenció en Medellín fue una fractura: la que separa la política de paz del gobierno Petro y la necesidad urgente de seguridad que clama el territorio. ¿Puede coexistir el diálogo con la firmeza? ¿Hasta qué punto se debe ceder para construir paz sin perder el control? Son preguntas que este consejo no resolvió, pero que dejó en la mesa con más fuerza.
Lo cierto es que, mientras se discute desde los escritorios, los grupos ilegales no descansan. Antioquia, como muchas regiones del país, sigue enfrentando dinámicas de control social violento, microtráfico, extorsión y desplazamientos silenciosos. Por eso, los llamados de Gutiérrez y Rendón no son solo gestos políticos: son advertencias. Porque cuando el Estado titubea, otros ocupan el espacio. Y ese vacío se llena siempre de miedo.
