La defensa de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, ha logrado una maniobra que, más que sorprender, ha generado polémica. A tan solo horas de la audiencia en la que debía enfrentar una imputación de cargos, se consiguió, por medio de un recurso de último minuto, una reprogramación de la diligencia judicial. La nueva fecha, fijada para el 1 de abril, no solo ha puesto en evidencia la estrategia del exmandatario para ganar tiempo, sino también el manejo de su defensa en momentos críticos.
La cita con la Fiscalía, que estaba programada para la tarde del pasado lunes, se vio repentinamente aplazada. A esa hora, cuando la expectación crecía en las afueras del Palacio de Justicia y Quintero convocaba una manifestación para respaldar su postura, los trámites legales en los juzgados seguían su curso. Según un auto judicial emitido por el tribunal que lleva su caso, la decisión de reprogramar la audiencia fue aceptada tras un correo enviado por su abogado, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa. El abogado argumentó que necesitaba más tiempo para preparar adecuadamente la defensa técnica de su cliente.
Mientras tanto, la excusa presentada por la defensa no pasó desapercibida. La solicitud se presentó junto con la explicación de que no solo era necesario más tiempo para la preparación, sino que se trataba de un asunto logístico que implicaba un conflicto de agenda. En efecto, el mismo día de la audiencia prevista, Fabio Andrés García, uno de los exsecretarios de Quintero, no pudo asistir debido a compromisos académicos y jurídicos que ya estaban establecidos con antelación. La coincidencia de este conflicto de agendas con la fecha fijada para la imputación generó una justificación suficiente, según la defensa, para pedir el aplazamiento.
Este tipo de maniobras no son nuevas en los procesos judiciales de alto perfil, pero en este caso, la rapidez con la que se gestionó la solicitud sorprendió a muchos. Mientras algunos expertos legales sostienen que es un derecho legítimo de cualquier acusado contar con el tiempo adecuado para preparar su defensa, otros observan este tipo de tácticas como una forma de dilatar el proceso. En el ámbito político, la situación toma un giro aún más interesante, pues el exalcalde no solo enfrenta una imputación judicial, sino que se encuentra en una batalla mediática en la que cualquier movimiento es examinado bajo el lente de la opinión pública.
La imputación de cargos que enfrenta Quintero es seria. Se le acusa de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que, de comprobarse, podrían tener un impacto significativo en su carrera política. La solicitud de aplazamiento parece, por tanto, una jugada para evitar que estos cargos se formalicen en un momento en el que la presión sobre él es intensa. Las pruebas y las audiencias están en juego, y el exalcalde parece haber optado por la prudencia de ganar tiempo.
No solo la defensa de Quintero estuvo involucrada en la solicitud de aplazamiento. La defensa del exsecretario García también presentó argumentos similares, apuntando a compromisos previos que, según ellos, hacían imposible la presencia en la audiencia. En un comunicado emitido por los abogados, se explicó que los grados de una maestría y otra audiencia en la Corte Suprema de Justicia generaban un conflicto de intereses en su asistencia, lo que llevó a que ambas partes coincidieran en que la diligencia debía reprogramarse.
El manejo del tiempo en este tipo de procesos es una herramienta clave en la estrategia legal de cualquier acusado, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Quintero, cuya imagen está constantemente bajo el escrutinio. En este sentido, la defensa de Quintero ha logrado lo que muchos consideran un respiro temporal. Sin embargo, no hay garantía de que este aplazamiento cambie el curso del proceso judicial. Al contrario, la presión por demostrar la legalidad de las acusaciones podría aumentar conforme avancen los días.
Finalmente, el hecho de que la nueva fecha para la imputación esté fijada para el 1 de abril genera un simbolismo curioso, ya que esta fecha puede considerarse, de alguna manera, como una nueva oportunidad o un nuevo desafío para Quintero. Como el mismo calendario señala, el primer día del mes de abril podría marcar un hito importante en este proceso, una fecha que podría ser recordada, no solo por las implicaciones legales que conlleve, sino por la forma en que se gestione en el ojo público.
