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Colombia se encuentra en un punto de inflexión institucional. La reciente radicación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley para asegurar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad no es solo una maniobra legislativa tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó su creación inicial. Es una declaración política, una apuesta de país: o avanzamos hacia un modelo de Estado que proteja a los históricamente excluidos, o seguimos habitando una democracia formal que no alcanza a abrazar a todos sus ciudadanos.
El Ministerio, que nació bajo el impulso del Gobierno del Cambio y con el respaldo directo de la vicepresidenta Francia Márquez, busca centralizar y articular políticas en favor de catorce poblaciones con especial protección constitucional. Mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, campesinos, jóvenes y población migrante, entre otros, encuentran en esta entidad una institucionalidad pensada para ellos, no como excepción, sino como eje estructural de la acción estatal.
Carlos Rosero, ministro designado y figura clave en este esfuerzo, fue enfático al presentar la nueva iniciativa: “Colombia no puede seguir siendo uno de los países más desiguales del mundo”. Y es que más allá de los discursos, los resultados empiezan a dar cuenta del impacto real de esta cartera. Desde programas juveniles en 66 municipios hasta políticas para erradicar el racismo y fortalecer el trabajo de cuidado, el ministerio ha demostrado que su existencia no es simbólica: es transformadora.
La Línea SALVIA, por ejemplo, ha prestado más de 17.000 atenciones en 2024 a mujeres víctimas de violencia. No se trata de cifras menores: cada llamada atendida puede significar una vida salvada. A la par, las “Casas para la Dignidad” buscan construir espacios de seguridad y empoderamiento para mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Son acciones con rostro humano, donde el Estado deja de ser un ente lejano y se convierte en presencia concreta.
La apuesta por la población LGBTIQ+ también avanza con pasos firmes. La creación del Sistema Nacional para la Garantía de sus Derechos y la aprobación del CONPES 4147 marcan un precedente. No se trata solo de reconocimiento simbólico, sino de política pública con presupuesto, metas y ejecución. Este enfoque interseccional, que reconoce las múltiples capas de exclusión, es precisamente lo que da sentido a un ministerio diferenciado.
En paralelo, la protección de los pueblos étnicos ha tomado forma en acciones que trascienden el folclorismo. Desde el reconocimiento del viche como bebida ancestral hasta la instalación de comisiones campesinas, el Ministerio trabaja para honrar la cultura, historia y derechos colectivos de estas comunidades. Es una forma de justicia reparativa que no se expresa en monumentos, sino en normativas y políticas públicas.
Los programas “Raíces en Movimiento”, “Hambre Cero” y “Agua es Vida”, liderados por el viceministerio de Poblaciones Excluidas, han llevado asistencia a territorios donde la presencia del Estado ha sido más promesa que realidad. Y con una inversión proyectada de 25 billones de pesos en la Política Nacional de Cuidado, el país empieza a reconocer, por fin, el valor económico y social de quienes sostienen la vida sin remuneración ni descanso.
En definitiva, lo que está en juego con este nuevo proyecto de ley no es solo la existencia de un ministerio. Es la posibilidad de reconfigurar el contrato social colombiano. Apostar por el Ministerio de Igualdad y Equidad es decidir que los más vulnerables no estarán más al margen de las decisiones públicas. Es, en últimas, construir un país donde la equidad deje de ser un discurso aspiracional y se convierta en un mandato constitucional hecho política viva.
