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En medio del endurecimiento de las políticas migratorias y tributarias en Estados Unidos, las remesas se mantienen como uno de los principales hilos invisibles que conectan a millones de familias colombianas con sus seres queridos en el exterior. Pese a las nuevas disposiciones anunciadas por el presidente Donald Trump, que incluyen un impuesto del 5 % sobre los giros internacionales, todo indica que este 2025 Colombia romperá récords y superará los 12.000 millones de dólares en ingresos por este concepto.
El “Big Beautiful Bill”, como fue bautizado por la Casa Blanca, ha generado polémica no solo por gravar las remesas salientes, sino por el mensaje político que encierra: castigar el dinero que miles de trabajadores inmigrantes, legales e ilegales, envían con esfuerzo a sus países de origen. Es una medida que fortalece el discurso de recaudación interna de Trump, pero que amenaza con poner sobre los hombros de los más vulnerables una carga aún más pesada.
Según cifras del Banco de la República, solo en el primer trimestre de este año ingresaron más de 3.100 millones de dólares en remesas. Marzo fue un mes especialmente fuerte, con más de 1.000 millones de dólares girados desde el exterior, en su mayoría desde EE.UU., que concentra alrededor del 55 % de estos flujos. Esto significa que, pese al gravamen, la voluntad de apoyar a las familias en Colombia sigue siendo más fuerte que los obstáculos financieros.
No obstante, la nueva medida sí plantea un escenario menos favorable para los hogares colombianos que dependen de estos ingresos. El 5 % adicional se suma a las ya elevadas comisiones de empresas como Western Union o MoneyGram, que pueden oscilar entre el 5 % y el 10 %, lo que deja un margen menor del dinero disponible para los beneficiarios. Para quienes envían 500 dólares, por ejemplo, el recorte puede superar los 75 dólares, una suma nada despreciable para quienes sobreviven al día.
Además, el impuesto tiene matices que dejan zonas grises en la regulación. No todos los remitentes estarán sujetos al cobro: si quien envía el dinero es ciudadano estadounidense, por ejemplo, no se le aplicará el gravamen. Esto abre la puerta a estrategias para evadir el cobro, pero también revela la inconsistencia de una política que parece más ideológica que fiscalmente justificada. La medida excluye a quienes más contribuyen a la economía estadounidense desde la informalidad laboral.
A pesar del nuevo impuesto, la resiliencia del flujo de remesas habla de una Colombia transnacional, conectada por lazos familiares y financieros que las fronteras no logran romper. Las remesas son hoy la segunda fuente de divisas del país, por encima del petróleo en algunos meses, lo que obliga a replantear su rol en la economía nacional. No son solo un soporte para el consumo, sino también un dinamizador de sectores como la construcción, la educación y la salud.
La pregunta, sin embargo, va más allá de la cifra récord. ¿Qué hace el país para canalizar ese flujo en políticas de desarrollo? ¿Qué hace el Estado para proteger a los receptores ante estas decisiones unilaterales del país emisor? Las remesas no pueden seguir siendo una fuente invisible de bienestar. Requieren atención institucional, bancarización, educación financiera y, sobre todo, estrategias para que esos dólares tengan un impacto duradero.
Mientras tanto, los millones de colombianos que trabajan en Estados Unidos seguirán enviando, dólar a dólar, un alivio que llega como oxígeno para sus familias. Ni el impuesto de Trump ni las comisiones de las remesadoras han logrado —ni lograrán— romper ese lazo que, aunque invisible, sostiene a una parte esencial de la economía y la esperanza nacional. Porque, a fin de cuentas, las remesas no son solo dinero: son el testimonio de un amor que desafía políticas, leyes y fronteras.
