El congresista David Racero, uno de los rostros más visibles del petrismo en la Cámara de Representantes, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez, no por sus intervenciones en plenaria ni por su defensa férrea de las reformas del Gobierno, sino por unos audios revelados en los que se le escucha ofreciendo un empleo con condiciones precarias: 13 horas de trabajo por un millón de pesos al mes, sin prestaciones, y con funciones que rozan la explotación laboral. Aunque el país escucha las grabaciones con indignación, Racero responde que todo se trata de un montaje, de un “linchamiento mediático”.
La revelación, hecha por el periodista Daniel Coronell a través del portal Los Danieles, expone con crudeza una oferta de trabajo que no solo contraviene la legislación laboral vigente, sino que resulta paradójica viniendo de un congresista que ha construido buena parte de su capital político sobre la bandera de la justicia social. En los audios, Racero habla de jornadas extenuantes, un salario ínfimo y tareas múltiples, desde manejar una caja registradora hasta lavar baños y preparar alimentos.
Pero el congresista no ha dado un paso atrás. En un comunicado publicado en sus redes sociales, asegura que los audios son falsos o sacados de contexto, y denuncia que está siendo víctima de una campaña para desprestigiar al Gobierno y frenar la reforma laboral. “Se me atribuye información falsa sin verificación. Me preocupa más aún que alguien pueda tener acceso a mis comunicaciones privadas”, escribió, insinuando que hay una operación oscura en marcha para dañar su imagen.
La estrategia de defensa, sin embargo, no ha logrado calmar los ánimos. En redes sociales y círculos políticos, incluso algunos cercanos al Gobierno han guardado silencio incómodo o han expresado su preocupación. Porque más allá de la fidelidad ideológica, el contenido de los audios toca una fibra sensible: la dignidad laboral, precisamente en medio de una discusión nacional sobre las condiciones de empleo que afecta a millones de colombianos.
Los audios, cuya autenticidad no ha sido desmentida técnicamente, exponen una brecha entre el discurso y la práctica que erosiona la credibilidad no solo de Racero, sino de todo el proyecto político que representa. Ofrecer trabajo sin garantías básicas mientras se promueve una reforma para mejorar la calidad del empleo no es solo una contradicción; es una herida autoinfligida al relato del cambio.
En su comunicado, Racero se presenta como víctima de una conspiración orquestada para sabotear las reformas del Ejecutivo. Asegura que lo quieren convertir en el “chivo expiatorio” del proyecto de Gobierno, un gregario sacrificado en medio de la batalla política. Pero incluso si ese argumento tuviera algo de verdad, aún queda sin respuesta una pregunta clave: ¿es aceptable, desde el punto de vista ético y político, lo que se escucha en esos audios?
El caso Racero marca otro capítulo de los dilemas morales que enfrentan quienes llegan al poder con discursos transformadores. ¿Puede un proyecto de justicia social sostenerse si sus voceros contradicen en la práctica lo que proclaman desde el atril? La respuesta, en este caso, no la dictará solo la justicia, sino la opinión pública, que hoy exige coherencia más que promesas.
Mientras el Congreso debate reformas estructurales que pretenden reconfigurar el modelo laboral colombiano, este escándalo se cuela como ruido ensordecedor. Y lo que debería ser una discusión técnica y ética sobre el trabajo digno, corre el riesgo de terminar sepultada bajo el peso de los escándalos personales. Racero insiste en que es víctima de una emboscada, pero los hechos –al menos por ahora– no le dan la razón.
