Desde la lejana China, en medio de una gira diplomática que muchos han considerado estratégica, el presidente Gustavo Petro se dirigió a la nación con una alocución cargada de simbolismo y tensión política. Acompañado de su equipo de gobierno, el mandatario reaccionó con firmeza —algunos dirían con vehemencia— frente al hundimiento de la consulta popular en el Senado, un golpe político que no solo frena una de sus apuestas más ambiciosas, sino que reaviva la fractura institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En su mensaje, Petro no disimuló su inconformidad. “Debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido”, dijo, convocando a la ciudadanía a no guardar silencio ante lo que calificó como una negación de la voluntad popular. Aunque reiteró su llamado a la no violencia, la imagen de un presidente que llama al pueblo a “tomar la decisión contundente” resuena con ecos de confrontación social. Una invitación a la movilización, sin un camino institucional claro, es un terreno riesgoso.
El jefe de Estado insistió en que el Senado debe “volver a votar la consulta”, una solicitud que, en el marco jurídico actual, carece de sustento práctico. Las decisiones del Congreso, una vez tomadas y tramitadas conforme a la ley, no se revocan por decreto ni por capricho. El llamado presidencial parece más un gesto de presión política que una ruta factible. Más aún cuando la mayoría legislativa ya ha manifestado su postura con contundencia.
Lo que realmente está en juego es el modelo de gobernabilidad que Petro está dispuesto a ejercer. Al hablar de una “respuesta del pueblo”, sin pruebas concretas que respalden sus acusaciones de fraude, el presidente se acerca peligrosamente a los límites de la democracia representativa. Si bien el derecho a la protesta es legítimo, la apelación directa a la calle como mecanismo de corrección del Congreso puede erosionar la institucionalidad.
Resulta llamativo el tono con el que Petro diferencia al Estado del pueblo, como si ambos no fueran parte del mismo cuerpo democrático. En su discurso, el mandatario parece colocarse por fuera del sistema, dispuesto a encarnar una voz popular que enfrenta a las estructuras tradicionales. Esta narrativa, aunque poderosa en lo simbólico, tiende a polarizar aún más a un país ya dividido por las reformas, los bloqueos y la desconfianza.
En el fondo, lo que se vislumbra es un choque entre dos legitimidades: la del voto parlamentario y la del respaldo popular que Petro invoca constantemente. La tensión entre ambas no es nueva en América Latina, pero sí lo es la forma en que se instrumentaliza desde la distancia, en medio de un viaje internacional, con un gabinete alineado detrás de un llamado que parece más emocional que institucional.
La política colombiana entra, así, en un nuevo ciclo de incertidumbre. La consulta popular hundida en el Congreso es solo una pieza más de un ajedrez que se juega con estrategias impredecibles. Petro no ha ocultado que está dispuesto a jugárselo todo por su proyecto. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si ese “todo” incluye la estabilidad del sistema que hoy lo sostiene.
En tiempos de crispación, la responsabilidad de un jefe de Estado no es avivar la llama, sino mantener el pulso firme de la gobernabilidad. Las palabras de Petro, por profundas que sean, deben acompañarse de hechos que fortalezcan la democracia, no que la pongan a prueba. El pueblo, ciertamente, debe tener la última palabra. Pero en democracia, esa palabra se ejerce con instituciones fuertes, no con pulsos de calle.
