El primero de mayo, Gustavo Petro no solo encabezó una marcha conmemorativa del Día del Trabajo: escenificó un acto político de alto voltaje simbólico y estratégico. Volvió a empuñar la espada de Simón Bolívar —la misma que desató controversias el día de su posesión— para dar inicio a una nueva batalla institucional: la consulta popular que propone con 12 preguntas de alcance nacional. Esta vez, su propósito es claro: presionar al Congreso desde la calle y reavivar la fuerza del “pueblo constituyente”.
El mandatario eligió la Plaza de Bolívar como escenario, epicentro histórico del poder político, pero también de la protesta social. A diferencia de la caminata del año anterior, esta vez decidió llegar directo desde la Casa de Nariño a la tarima, escoltado por líderes de su coalición y ministros clave. Frente a un público compuesto por centrales obreras, sectores indígenas y contratistas del Gobierno, pronunció un discurso de una hora y ocho minutos, en el que apeló al poder popular como herramienta para destrabar sus reformas en el Congreso.
Petro no solo habló como presidente, sino como jefe de un movimiento que ha encontrado cada vez más obstáculos en las instituciones. “El Congreso no ha querido legislar para el pueblo”, repitió en varios momentos, mientras delineaba los temas centrales de su consulta: salud, pensiones, servicios públicos, tierra, educación y participación ciudadana. En su lógica, la consulta sería la forma de “relegitimar” su mandato en medio del desgaste político y los bloqueos legislativos.
El tono fue combativo, sin disimulo. Y el gesto de sacar la espada de Bolívar no fue menor. Consciente de su fuerza narrativa, el presidente volvió a colocar la figura del libertador como eje de su retórica transformadora. Así, buscó vincular su propuesta de consulta con una épica de emancipación popular, evocando una historia de ruptura que confronta a las élites políticas tradicionales con una ciudadanía movilizada.
Las movilizaciones, aunque no masivas en todo el país, se replicaron en varias ciudades, marcadas por una participación orgánica de sindicatos y comunidades aliadas al Gobierno. No obstante, la imagen de Petro liderando desde la Plaza tuvo un peso comunicacional que desbordó la dimensión numérica. El mensaje era uno solo: si el Congreso no responde, será el pueblo en las urnas quien lo haga. Pero la viabilidad jurídica de una consulta con ese contenido y en este contexto es aún incierta.
Analistas coinciden en que la consulta, más allá de su posibilidad real de implementación, funciona como un mecanismo de presión política y de reconexión con su base electoral. Para el presidente, regresar a las calles es una forma de mantener vivo el impulso que lo llevó al poder. Pero también es un intento por evitar el aislamiento institucional, en un momento en el que varias de sus reformas estructurales han quedado estancadas o modificadas en el Legislativo.
El riesgo, sin embargo, es alto. Apostar por la polarización callejera como fórmula para vencer las resistencias institucionales puede fortalecer la narrativa de sus opositores, que lo acusan de gobernar con impulsos emocionales más que con consensos democráticos. Además, si la consulta no prospera o su contenido es considerado inviable por los órganos de control, el efecto puede ser contraproducente para su imagen y para su agenda política.
Gustavo Petro ha vuelto a elegir el camino de la movilización, en un país donde la calle es a veces más decisiva que el Congreso. La espada de Bolívar ha vuelto a la escena, no como reliquia, sino como instrumento narrativo. Ahora queda por ver si el eco de ese símbolo bastará para mover las estructuras del poder real. Porque, en Colombia, como bien lo sabe cualquier presidente, el romanticismo político sin resultados terminó costando caro.
