Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está a punto de cerrar un capítulo judicial que, aunque avance hacia su resolución legal, está lejos de saldar su peso moral y político. Esta semana un juez de Bogotá decidirá si aprueba el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, que contempla seis años de prisión y la devolución de 724 millones de pesos, cifra que él mismo admitió haberse apropiado ilegalmente. Aunque el dinero ya fue reintegrado, las preguntas sobre lo que se perdió —en institucionalidad y confianza pública— siguen intactas.
El caso no es menor. Bajo su liderazgo, la UNGRD —una entidad creada para proteger vidas en emergencias— se convirtió, según la Fiscalía, en un foco de corrupción con una estructura criminal que desviaba recursos a través de contratos amañados y favores burocráticos. López ha aceptado su responsabilidad, ha pedido perdón y ha devuelto el dinero. Pero su confesión, más que cerrar un caso, ha abierto una caja de Pandora.
Y es que Olmedo no ha caído solo. Al saberse atrapado, ha comenzado a señalar a otros. Entre ellos, a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y figura clave en el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro. Aunque González se encuentra fuera del país, su nombre aparece de forma recurrente en declaraciones de testigos y documentos que la Fiscalía analiza como parte de una estructura más amplia. Si las acusaciones se comprueban, el escándalo podría escalar desde lo administrativo hasta los más altos niveles del poder ejecutivo.
El abogado de López, José Luis Moreno, asegura que su cliente ha colaborado plenamente, y que su voluntad de reparación es prueba de ello. Pero en el fondo, lo que se debate no es solo la pena ni el monto reintegrado, sino la dimensión política del caso. ¿Cuánto daño le ha hecho este escándalo a la narrativa anticorrupción del Gobierno Petro? ¿Qué implicaciones tiene que uno de los responsables hable de una red que aún no ha sido tocada por la justicia?
En su afán de colaboración, López parece no solo buscar rebaja de pena, sino redención ante la opinión pública. Sin embargo, en Colombia, donde los escándalos se suceden como estaciones y los arrepentidos abundan en tiempos de condena, la opinión ya no se impresiona con disculpas ni devoluciones. Porque el dinero puede reintegrarse, pero el costo institucional —la pérdida de fe en los organismos creados para proteger a los más vulnerables— es mucho más difícil de recuperar.
La UNGRD ha quedado manchada, y su misión, empañada. Esta entidad, esencial en un país golpeado regularmente por desastres naturales, debería estar blindada contra cualquier tentación política o financiera. Pero el caso López demuestra que, incluso en los escenarios más sensibles, la corrupción encuentra caminos. Y mientras las investigaciones avanzan lentamente, la confianza pública sigue desangrándose.
La decisión del juez marcará un hito: si se aprueba el preacuerdo, López enfrentará prisión, sí, pero también podría convertirse en una pieza clave para destapar lo que muchos ya sospechan: que su actuación no fue aislada ni improvisada, sino parte de una lógica perversa de captura institucional. Un engranaje más de un aparato que operaba con sigilo y eficacia bajo la fachada del servicio público.
En últimas, devolver el dinero es un primer paso. Pero si la justicia no va más allá, si los nombres señalados por López no son investigados con el mismo rigor, si el caso se cierra sin ir a la raíz del problema, entonces los 724 millones reintegrados no habrán sido más que el precio simbólico de una coartada. Una forma cara, pero eficiente, de archivar la verdad.
