Medellín, una ciudad marcada por su historia reciente de violencia y conflicto, ha dado un paso significativo al presentar su propia Política Pública de Paz, Reconciliación y No Estigmatización. Un decreto firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, en el que se recoge la participación de organizaciones sociales, académicos, el sector privado y comunidades, se plantea como la respuesta local a los desafíos que, durante años, han golpeado a la capital antioqueña. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué consiste realmente este plan y cómo se traduce en mejoras palpables para los ciudadanos?
La creación de esta política pública es, sin duda, un hito en la historia reciente de la ciudad. El compromiso del gobierno local con la paz, la no estigmatización y la reconciliación es claro. Carlos Alberto Arcila, Secretario de Paz y Derechos Humanos, lo define como un “compromiso por la vida y por la esperanza”. Sin embargo, la realidad es que los planes de paz, aunque bien intencionados, se enfrentan a un contexto social y político complejo que pone en duda la efectividad de su implementación.
La política pública tiene como objetivos claros la promoción de la paz ciudadana, la transformación de conflictos, y el acompañamiento integral a las víctimas. Se propone también trabajar por la no repetición de los hechos de violencia y fomentar la convivencia. La pregunta recurrente es: ¿qué medidas concretas y efectivas se implementarán para garantizar que estos principios no queden solo en el papel?
En su diseño, la política promueve la participación social, enfatizando un enfoque restaurativo e inclusivo. Esto es positivo, ya que busca generar un espacio para que las víctimas, los reincorporados y otros actores clave en la construcción de paz puedan ser escuchados y acompañados. La posibilidad de crear una ciudad menos polarizada, menos estigmatizada, es uno de los elementos más atractivos de esta propuesta. Sin embargo, como con todo plan de esta magnitud, la eficacia dependerá de cómo se gestionan los recursos, se coordinen las instituciones y, lo más importante, se logre que los ciudadanos perciban cambios tangibles en su día a día.
Es cierto que el gobierno local ha trabajado en la formación de competencias básicas para víctimas, reincorporados y adolescentes del Sistema Penal. Según los informes de la administración, se han fortalecido 53 organizaciones sociales y se ha capacitado a 147 personas en herramientas laborales, lo cual es un avance. Sin embargo, estas acciones siguen siendo aisladas y de impacto limitado frente a la magnitud del problema.
El reto es que la ciudad no solo se enfoque en acciones puntuales o en la creación de espacios de diálogo, sino en la transformación profunda de las estructuras que perpetúan la violencia. La paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la construcción de condiciones de vida dignas, la garantía de los derechos humanos y la inclusión social de aquellos que, históricamente, han sido excluidos.
Así, la gran pregunta que persiste es si la Política Pública de Paz de Medellín será un proyecto que transforme realmente la convivencia en la ciudad o si será una herramienta más para la foto y el discurso político. No hay duda de que se han dado pasos importantes, pero los desafíos son muchos y los resultados se verán sólo con el tiempo. El proceso es largo, y Medellín debe estar dispuesta a enfrentarlo con determinación y coherencia, para que la paz no sea solo un sueño lejano, sino una realidad palpable.
