El próximo Día del Trabajo no será un simple acto conmemorativo en Colombia. Bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, el Ejecutivo ha desplegado toda su estructura institucional para convertir las marchas del 1° de mayo en una demostración de fuerza política. La instrucción es clara: cada ministerio, cada entidad descentralizada, cada nivel del aparato estatal debe movilizar personas, recursos y narrativa para mostrar que el proyecto del progresismo aún cuenta con respaldo popular, pese al desgaste institucional.
El cálculo que circula en los pasillos del Palacio de Nariño es ambicioso: movilizar al menos 10 millones de personas en todo el país. No se trata de una cifra cualquiera, sino de una apuesta simbólica y estratégica que busca contrarrestar las recientes derrotas legislativas del Gobierno, su pérdida de mayoría en el Congreso y los constantes choques con los órganos de control. Las calles, para Petro, son ahora el escenario clave donde se juega la legitimidad política de su mandato.
Pero la magnitud del operativo despierta preguntas incómodas. ¿De dónde salen los recursos? ¿Qué grado de presión institucional hay detrás de esta convocatoria? Según fuentes consultadas en varias entidades, se han autorizado traslados presupuestales, uso de transporte oficial, y liberación de funcionarios para que participen activamente en la organización y en las movilizaciones. Aunque el Ejecutivo insiste en que todo se enmarca dentro del derecho a la expresión y la democracia participativa, la oposición acusa un uso indebido del Estado.
La narrativa del Gobierno es que estas marchas no son simplemente a su favor, sino en defensa de las reformas sociales que ha promovido: la laboral, la pensional y la de salud. En discursos recientes, Petro ha insistido en que lo que está en juego no es su figura, sino un modelo de país que busca mayor equidad y justicia social. No obstante, el hecho de que la movilización se organice desde las entrañas del poder ejecutivo borra, para muchos, la frontera entre lo cívico y lo propagandístico.
En paralelo, la oposición se prepara para contrarrestar el mensaje. Desde sectores de derecha y centro se ha denunciado la supuesta “cooptación de lo público con fines proselitistas” y se ha advertido que el Gobierno está instrumentalizando una fecha histórica del sindicalismo colombiano. Además, no descartan la organización de contramarchas o pronunciamientos paralelos, lo que anticipa un 1° de mayo no solo multitudinario, sino también profundamente polarizado.
El presidente Petro, fiel a su estilo, ha asumido el protagonismo directo de la jornada. En sus redes sociales ha convocado a la ciudadanía, ha delineado el tono del discurso y ha insistido en que la participación masiva en las calles será la “prueba definitiva” de que su gobierno no está aislado. En su visión, lo que se perdió en el Congreso debe recuperarse en la calle, como en los viejos tiempos del activismo.
El sindicalismo, tradicional acto del Día del Trabajo, se encuentra dividido. Algunos sectores han acogido con entusiasmo la convocatoria gubernamental, viendo en ella una oportunidad para presionar la aprobación de las reformas. Otros, en cambio, temen que el protagonismo del Ejecutivo termina por diluir la autonomía del movimiento obrero y convierta una fecha histórica en un acto de campaña adelantada.
Este jueves no solo se medirán fuerzas entre oficialismo y oposición. Se pondrá a prueba, una vez más, la capacidad del Estado colombiano de moverse entre los límites de la institucionalidad y el activismo político. Porque en Colombia, la calle también vota, pero el costo de movilizarse desde el poder puede ser tan alto como los réditos que se buscan obtener.
