Mientras la justicia sigue abriendo páginas en la novela de la corrupción que salpica al Instituto Nacional de Vías (Invías), un nuevo capítulo empieza a cobrar fuerza en los pasillos del Congreso y del Ministerio de Hacienda. Se trata de los lujosos ofrecimientos de viajes que, según testimonio reciente, habrían hecho varios congresistas a asesoras clave en la aprobación de contratos multimillonarios. La declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla, ha encendido las alarmas judiciales y políticas por igual.
Benavides, quien hoy coopera con las autoridades en calidad de testigo, relató que recibió propuestas de “descanso” en parajes exóticos, justo cuando se cocinaban contratos de alto calibre que requerían la bendición del Ministerio de Hacienda. Según su versión, no se trataba de invitaciones desinteresadas, sino de gestos con doble fondo que buscaban asegurar favores, silencios o respaldos a la hora de mover los hilos presupuestales.
Uno de los nombres que resuena con mayor fuerza es el de la congresista Liliana Bitar. Según el testimonio de Benavides, Bitar la habría invitado a pasar unos días en una isla privada del golfo de Morrosquillo. Aunque la exasesora afirma que declinó la oferta, la mención de esta lujosa propuesta ha encendido un reflector sobre la congresista, quien además figura en las investigaciones por un contrato de 21.500 millones de pesos en San Pelayo, Córdoba.
El caso reviste gravedad no solo por los montos de los contratos, sino por el modus operandi que se empieza a revelar: una red en la que la política, el presupuesto y los intereses personales se mezclan bajo la mesa. No se trataba de presiones explícitas ni de intercambios burdos de favores, sino de un entramado más sutil, disfrazado de cortesía y de relaciones personales que ocultaban compromisos no declarados.
La Fiscalía ha puesto la lupa sobre 28 congresistas que habrían estado involucrados directa o indirectamente en la repartición irregular de contratos a través del Invías. Las asesoras, que antes operaban en la sombra de las decisiones, hoy se convierten en piezas clave para reconstruir el rompecabezas. Sus testimonios no solo aportan detalles, sino que abren la puerta a una dimensión humana y cotidiana del clientelismo: el del viaje, el regalo, el gesto de confianza que, en realidad, es una jugada calculada.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, no ha sido implicado directamente en estos ofrecimientos, pero la presión crece. Su cercanía con las asesoras involucradas y su rol al frente del ministerio en los momentos más álgidos del escándalo lo ponen bajo el escrutinio público. En política, como en la vida, a veces no basta con no participar: también se juzga el silencio y la inacción.
Este episodio, más allá de los nombres propios, refleja una cultura institucional viciada, donde los lujos y los privilegios personales se entrelazan con decisiones que deberían ser exclusivamente técnicas. En un país donde cada peso del presupuesto es disputado y vigilado, la mera insinuación de corrupción empaña todo el sistema democrático.
El país exige respuestas. No solo sobre los contratos y los viajes, sino sobre la estructura que permitió que estos ofrecimientos se hicieran con naturalidad. Porque mientras las asesoras rechazaban islas y pasajes, millones de colombianos siguen esperando que la infraestructura vial les conecte con oportunidades, no con escándalos.
