El escándalo de corrupción que ha salpicado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no cesa de revelar nuevos y escalofriantes detalles. En una reciente declaración ante la Fiscalía, Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, ha destapado una transacción ilícita que involucra al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique. Según Barreto, Manrique habría recibido 3.800 millones de pesos en sobornos a cambio de adjudicar siete contratos a personas de su círculo cercano. Este nuevo episodio en la investigación no solo aumenta la magnitud del caso, sino que también pone en evidencia el nivel de corrupción que alcanzaron algunos de los funcionarios involucrados.
El relato de Barreto pone al descubierto una operación meticulosamente orquestada, en la que el dinero fue entregado en maletines repletos de fajos de billetes de 100.000 pesos. La transacción, según su testimonio, tuvo lugar entre febrero y marzo de 2024, en un baño del centro comercial Gran Estación, ubicado en el norte de Bogotá. Un escenario tan poco convencional como inquietante para una operación que implicaba una cantidad tan exorbitante de dinero. La cita en el centro comercial, lejos de ser un simple encuentro casual, fue la culminación de una serie de manejos turbios para asegurar que los contratos de la UNGRD fueran adjudicados a los allegados de los exdirectores del organismo.
Lo más alarmante del caso es que, según Barreto, la entrega de los 3.800 millones de pesos no fue una decisión aislada de Manrique, sino que fue una orden directa de los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. Los tres individuos, implicados en el mismo escándalo de corrupción, habrían trabajado en conjunto para manipular los procesos de contratación dentro de la entidad pública. El pago de la coima, como se señala en la denuncia, estaba condicionado a la agilización de la adjudicación de contratos de gran envergadura, lo que sugiere un esquema de corrupción perfectamente estructurado y coordinado.
El modus operandi de este entramado es aterrador en su simplicidad. La transacción se realizó en un lugar público y relativamente discreto, un baño de un centro comercial de gran afluencia. Esta acción, que a primera vista puede parecer insólita, demuestra el nivel de confianza con el que operaban los involucrados. La utilización de maletines y billetes en efectivo resalta la falta de escrúpulos de quienes se vieron envueltos en el escándalo, pero también pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de control dentro de las instituciones públicas. Lo que parecía ser un proceso administrativo más, terminó siendo una maniobra de corrupción a gran escala.
Este caso pone en tela de juicio la transparencia y la eficacia de las entidades encargadas de velar por la correcta adjudicación de contratos en el país. La UNGRD, una institución clave en la gestión del riesgo de desastres, se vio involucrada en prácticas corruptas que socavan la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger la vida y el bienestar de los colombianos. A lo largo de los años, este organismo ha recibido recursos millonarios para enfrentar situaciones de emergencia, pero ahora, con este escándalo, surgen interrogantes sobre el destino real de esos fondos. ¿Cuántos contratos fueron adjudicados de manera irregular? ¿Cuántos recursos destinados para salvar vidas fueron desviados para beneficio personal de unos pocos?
En el contexto más amplio de la lucha contra la corrupción, este caso representa un golpe a las instituciones del Estado. La denuncia de Barreto, aún en proceso de investigación, no solo involucra a altos funcionarios de la UNGRD, sino que también abre la puerta a una reflexión más profunda sobre el estado de la ética en la administración pública. Si la coima de 3.800 millones de pesos pudo ser entregada con semejante descaro y en un lugar tan insólito como un baño de un centro comercial, ¿qué otros mecanismos de corrupción podrían estar operando en las entrañas del aparato estatal?
El camino hacia la justicia parece largo y complejo, pero la revelación de estos nuevos detalles es un paso crucial en la búsqueda de la verdad. Los implicados deberán rendir cuentas ante la justicia, y las autoridades correspondientes deberán garantizar que este tipo de prácticas no queden impunes. Este caso no solo debe servir para llevar a los culpables ante los tribunales, sino también para revalorar los mecanismos de control y la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos en todas las entidades públicas del país.
En medio de esta crisis, la ciudadanía sigue esperando respuestas. Los colombianos, que año tras año ven cómo el dinero público se desvía hacia intereses particulares, merecen saber qué medidas se tomarán para prevenir que situaciones como la descrita en este caso se repitan. La corrupción no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que afecta directamente la capacidad del Estado para cumplir con su función más esencial: proteger y servir a su pueblo. La investigación de la UNGRD es solo una de tantas que deben seguir, para erradicar de una vez por todas las prácticas que siguen mancillando el nombre de la función pública en Colombia.
