La reciente decisión de un juez de Bogotá de embargar las cuentas del Gobierno Nacional, como resultado de las deudas acumuladas por el no pago de los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3, ha generado un torrente de reacciones políticas. El presidente Gustavo Petro no tardó en responder ante este fallo judicial, calificándolo como un acto de sabotaje, aludiendo directamente al uribismo como el responsable de esta situación. Según el mandatario, lo sucedido no es más que un intento deliberado de minar la capacidad financiera del Estado y obstaculizar el desarrollo de su gobierno.
Petro, en un tono vehemente durante el Consejo de Ministros transmitido por televisión, expresó que la acción judicial tiene un carácter político y no responde a un interés genuino por resolver los problemas de los ciudadanos de Medellín ni de Antioquia, territorios especialmente afectados por la falta de acceso a servicios básicos. De acuerdo con el presidente, la decisión del juez no tiene en cuenta el contexto social de las comunidades más vulnerables, como los barrios de bajos recursos en Medellín, donde aún hay grandes deficiencias en el acceso a agua potable. Esta respuesta fue acompañada de una crítica al enfoque de la justicia, que según Petro, no refleja una preocupación por el bienestar de los ciudadanos.
En su intervención, Petro también acusó a EPM de ser “malagradecida” con el Estado, sugiriendo que la empresa pública ha recibido un considerable apoyo del Gobierno Nacional a lo largo de los años para su desarrollo. Para el presidente, este embargo no solo representa una falta de reconocimiento hacia los esfuerzos del Estado, sino que también tiene implicaciones políticas que dificultan la capacidad del gobierno para cumplir con su agenda social. La acusación de Petro subraya la complejidad de las relaciones entre el sector público y las empresas estatales, especialmente en un contexto tan politizado como el colombiano.
A lo largo de su discurso, el presidente también vinculó este conflicto con una serie de tensiones más amplias sobre la gestión de los servicios públicos en el país. La situación de la Escombrera, que involucra la vulneración de derechos humanos, fue otro de los puntos que Petro abordó, tratando de contextualizar el embargo dentro de un panorama más amplio de lucha por la justicia social y la garantía de derechos fundamentales. De acuerdo con el mandatario, este tipo de decisiones judiciales se inscriben en una dinámica de desgaste político que va más allá de la deuda concreta con EPM y afecta la estabilidad institucional.
El embargo, que asciende a los 83.309 millones de pesos y está relacionado con una deuda de EPM con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del grupo EPM, es solo el último episodio de un conflicto que ha trascendido el ámbito económico. La acusación de sabotaje político que lanzó Petro busca, en gran parte, desviar la atención de una crisis de gestión pública que involucra el incumplimiento de compromisos financieros por parte del gobierno hacia una empresa estatal que desempeña un papel fundamental en la prestación de servicios públicos en el país.
Este conflicto también pone en evidencia las fricciones entre los diferentes actores políticos en Colombia. El uribismo, como blanco principal de la crítica presidencial, ha sido históricamente un adversario político de Petro, y las acusaciones de sabotaje político solo refuerzan la polarización existente en el país. En este sentido, el presidente no solo se defiende de una crisis económica, sino que también intenta posicionarse en una lucha política más amplia, donde la batalla por el control de los recursos del Estado es fundamental.
El panorama se complica aún más cuando se analiza el impacto social de esta deuda. Los subsidios a los servicios públicos no son un simple asunto administrativo; son una herramienta clave para garantizar el acceso a recursos esenciales para las poblaciones más vulnerables. La falta de pago de estos subsidios genera un efecto dominó que afecta la calidad de vida de millones de personas, especialmente en regiones donde la pobreza energética es un desafío constante.
Finalmente, la situación pone sobre la mesa la necesidad urgente de un sistema más eficiente de gestión pública y de una solución definitiva a los problemas de financiación de las empresas de servicios públicos. Si bien el presidente Petro ha ordenado encontrar soluciones rápidas a la deuda con EPM, la crisis refleja una falencia en la coordinación entre el gobierno central y las entidades encargadas de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Mientras las acusaciones de sabotaje y la polarización política continúan, lo cierto es que la resolución de esta deuda podría convertirse en un indicador clave de la capacidad del gobierno para gestionar los recursos del Estado de manera efectiva y responsable.
