Un viaje exclusivo a Palomino, un paraíso en la costa Caribe colombiana, ha generado un revuelo inesperado en el seno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La razón de la controversia no radica en la belleza del destino, ni en las playas serenas de La Guajira, sino en el contexto de la visita: un taller organizado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, para fomentar “decisiones estratégicas” en un escenario aparentemente apartado de las tensiones cotidianas de su trabajo.
El encuentro, convocado bajo la premisa de un “diálogo con expertos en justicia restaurativa”, tiene como objetivo, según los organizadores, agilizar los procesos dentro de la JEP. Sin embargo, las primeras reacciones dentro del propio tribunal no se han hecho esperar. El hecho de que todos los magistrados titulares, junto con altos funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación, se hayan desplazado a un hotel boutique de lujo en la costa genera, además de suspicacias, una creciente preocupación sobre la adecuación de este tipo de encuentros en un momento crítico para la institución.
La magistrada Claudia López Díaz, miembro de la JEP, ha expresado su malestar con este viaje. A través de una carta enviada al presidente Ramelli, López Díaz cuestionó la pertinencia de la actividad y sugiere que la decisión podría tener efectos contraproducentes. La magistrada sostiene que el taller no responde a las necesidades más urgentes de la JEP y advierte que una reunión de este tipo podría resultar innecesaria y hasta perjudicial en la coyuntura actual, marcada por desafíos internos y externos a la justicia transicional en Colombia.
La carta de López Díaz refleja una crítica directa no solo al contenido y a los fines del taller, sino también al gasto que implica trasladar a todos los magistrados y altos funcionarios a un destino tan exclusivo. En un país donde la desigualdad social sigue siendo una de las principales preocupaciones, esta decisión ha sido vista como un desajuste con las prioridades que se esperaría de una institución encargada de velar por la justicia en el contexto de los acuerdos de paz.
Por su parte, los defensores de la iniciativa argumentan que un espacio apartado, lejos de las presiones cotidianas, puede ser propicio para generar decisiones estratégicas que permitan a la JEP cumplir con su misión de manera más efectiva. En este sentido, el taller sería una oportunidad para pensar a largo plazo y para fortalecer el entendimiento colectivo entre los magistrados, en aras de mejorar el funcionamiento de la institución.
A pesar de los esfuerzos por enmarcar el viaje en un contexto académico y de fortalecimiento institucional, los cuestionamientos no se han hecho esperar. La pregunta sobre si este tipo de actividades son las más adecuadas en tiempos en los que la JEP enfrenta retos importantes sigue siendo un tema candente. Las críticas no solo provienen de la magistrada López Díaz, sino también de sectores de la opinión pública que consideran que las prioridades deben ser otras, especialmente en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado.
Este incidente se suma a la creciente tensión dentro de la JEP, una entidad cuya función esencial es la justicia transicional, un tema que sigue generando controversia y divisiones en la sociedad colombiana. El papel de la JEP ha sido objeto de debate en diversas ocasiones, especialmente por su vinculación con los acuerdos de paz y su capacidad para hacer justicia a las víctimas del conflicto armado. En este sentido, el viaje a Palomino puede percibirse como una distracción innecesaria frente a los desafíos reales que enfrenta la institución.
La preocupación de muchos es que este tipo de decisiones, aunque puedan tener buenas intenciones, generen una percepción de desconexión con la realidad del país. En un momento en que la justicia transicional necesita recuperar la confianza de las víctimas y la sociedad, es fundamental que las decisiones tomadas al interior de la JEP no solo estén orientadas hacia el beneficio de quienes la componen, sino hacia el de los colombianos que esperan que se haga justicia de manera transparente, oportuna y eficiente.
Así, el viaje a Palomino sigue generando debate y reflejando las tensiones dentro de una institución que, aunque clave para la paz en Colombia, aún lucha por consolidarse como un espacio de justicia y reparación.
