La elección de Álvaro Echeverry como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no solo configura el equilibrio político dentro del alto tribunal electoral, sino que también plantea una encrucijada ética y jurídica de alto voltaje. Echeverry, quien llegó con el respaldo conjunto del Partido Liberal, el Partido de la U y el Pacto Histórico, deberá enfrentar una de las decisiones más delicadas del organismo: votar, o no, en el proceso contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022.
El nombramiento, concretado el pasado 8 de abril, generó una oleada de reacciones. No solo por el peso del proceso que le espera, sino por su cercanía política con el petrismo. No es un secreto que Echeverry, desde su rol como jurista en 2022, jugó un papel clave en la recuperación de tres curules para el Pacto Histórico durante la contienda legislativa. Esa trayectoria, leída por muchos como una muestra de afinidad ideológica, hoy se convierte en el centro del debate.
Desde que fue confirmado como magistrado, Echeverry envió un mensaje claro: su propósito en el CNE será “hacer respetar la voluntad popular”. Una afirmación que, aunque legítima en términos democráticos, ha sido interpretada por sectores críticos como una posible señal de parcialidad frente a las decisiones que afectan al movimiento político que lo respaldó. La línea entre representar una corriente y favorecerla se vuelve, en este contexto, extremadamente delgada.
La investigación que adelanta el CNE contra la campaña presidencial de Gustavo Petro —por posibles irregularidades en la financiación— ha entrado en etapa de práctica de pruebas. Se trata de un proceso con implicaciones profundas para la legitimidad institucional del actual gobierno. Por eso, la participación de Echeverry en esa votación se convierte en una cuestión no solo legal, sino moral.
Juristas y analistas constitucionales ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Echeverry se declare impedido para votar. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo magistrado no ha hecho pública su posición sobre el caso. La pregunta es si la cercanía política será suficiente para justificar un impedimento, en un tribunal donde todos los magistrados tienen origen partidista.
La estructura misma del CNE —elegido por el Congreso y conformado por cuotas políticas— convierte cada decisión en un ejercicio de equilibrio entre el derecho y la representación. En ese contexto, la imparcialidad no se presupone, se demuestra. Y la credibilidad de Echeverry como magistrado dependerá, en gran parte, de cómo gestione su rol en este caso específico.
La tensión en torno a su posible voto pone de relieve una vieja deuda del sistema electoral colombiano: la urgencia de una reforma que garantice mayor independencia en los órganos de control y vigilancia. Hoy, los magistrados del CNE son árbitros que llegan al campo de juego con camisetas de partido. Echeverry, más que ningún otro en este momento, carga con ese dilema.
Mientras tanto, el país observa con atención. La democracia no solo se mide en elecciones, sino en la manera en que sus instituciones resuelven sus propios conflictos. Álvaro Echeverry, aún sin haberse posesionado, ya enfrenta su primer gran examen. Y en él, lo que está en juego no es solo su nombre, sino la confianza pública en el árbitro electoral.
