Chocó, una región golpeada por décadas de violencia y abandono estatal, vive una nueva crisis humanitaria que desafía la capacidad de respuesta del Gobierno Nacional. En solo dos días, más de 3.500 personas han sido desplazadas por el paro armado declarado por la guerrilla del ELN. Este paro, que afecta a diversas localidades del departamento, no solo ha obligado a miles a abandonar sus hogares, sino que también ha generado una atmósfera de confinamiento y temor en los habitantes de los municipios más afectados, como Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan.
La falta de presencia efectiva del Estado y de las fuerzas de seguridad en el territorio es una de las principales críticas de los líderes locales. Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, ha sido contundente al señalar la ineficacia del Gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En medio de la crisis, las autoridades locales se sienten impotentes frente a la persistente violencia ejercida por el ELN, que no solo restringe la movilidad de los pobladores, sino que además impide el acceso a servicios básicos como el transporte aéreo. En palabras del alcalde, la falta de apoyo del Gobierno Nacional se ha hecho patente, especialmente cuando las soluciones llegan tarde o no se materializan de manera efectiva.
El paro armado del ELN, que se extenderá hasta el 21 de febrero, ha sumido a varios municipios en un caos absoluto. La situación se agrava con los enfrentamientos continuos entre este grupo guerrillero, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en la región. Estos combates no solo ponen en riesgo a los combatientes, sino que también afectan de manera directa a las comunidades civiles, que se ven atrapadas entre las balas. Las autoridades informan que más de 2.000 familias están actualmente confinadas, incapaces de abandonar sus viviendas debido al control territorial que ejercen estos grupos armados.
El Comisionado de Paz, Otty Patiño, ha calificado de “estúpido” el accionar del ELN, dado que sus actos no solo violan los derechos humanos de las comunidades, sino que también profundizan el rechazo popular hacia su causa. Sin embargo, este tipo de declaraciones parece no resonar en el terreno, donde los habitantes viven una realidad muy distinta: el miedo, el desplazamiento forzado y la incertidumbre son los protagonistas de la cotidianidad. La falta de un plan claro y ejecutado por el Gobierno para contrarrestar este tipo de acciones refleja la debilidad de las políticas de seguridad en una región tan vulnerable.
Por otro lado, las cifras proporcionadas por Indepaz no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del problema. Las familias desplazadas por la violencia no solo pierden sus hogares, sino que también se enfrentan a la angustia de un futuro incierto. La violencia en Chocó no es nueva, pero cada vez parece más difícil de frenar. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales no solo socavan la paz de las comunidades, sino que también perpetúan un ciclo de pobreza y desplazamiento que afecta a miles de personas en todo el departamento.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por generar espacios de diálogo, como los consejos de seguridad, la falta de presencia del Gobierno Nacional en estos encuentros ha generado frustración. Mosquera, al expresar su decepción por la falta de resultados concretos, se pregunta hasta cuándo las autoridades seguirán ignorando la grave situación de su municipio. Los consejos de seguridad, lejos de ser un espacio de solución, se han convertido en un simple trámite que no ofrece respuestas ni acciones tangibles para mitigar la violencia.
El llamado de las autoridades locales y de organizaciones como Indepaz es claro: Chocó necesita una intervención inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional. La región no puede seguir siendo un terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales ni para el sufrimiento de comunidades que han sido históricamente desatendidas. La paz en Chocó, como en otras regiones del país, no se logrará con medidas temporales ni con promesas vacías; es urgente una estrategia integral de seguridad, acompañada de programas sociales que brinden esperanza y soluciones a las víctimas de esta tragedia humanitaria.
