A menos de cuarenta días de que la reforma pensional entre en vigor, el destino de una de las piezas más ambiciosas del Gobierno Petro reposa en el escritorio más decisivo de la justicia colombiana: el de la Corte Constitucional. El 29 de mayo, la Sala Plena iniciará la discusión sobre una ponencia que no sugiere ajustes ni correcciones, sino la anulación total de la reforma por presuntas fallas insubsanables en su trámite legislativo.
La ponencia, elaborada por el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, plantea que la reforma pensional incurrió en un vicio de forma grave: la omisión del debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo cual contraviene el artículo 157 de la Constitución. Si esta tesis prospera, la consecuencia jurídica sería irreversible: la norma completa caería, sin posibilidad de enmienda inmediata. Y con ella, la expectativa de una reestructuración del sistema pensional que ha estado en el centro del discurso gubernamental.
Más allá del tecnicismo jurídico, lo que se juega es el alcance del poder reformador del Ejecutivo en un Congreso polarizado y la capacidad institucional de hacer las cosas bien en medio de la premura política. Si la Corte determina que hubo un incumplimiento sustancial del trámite legislativo, estaría dando una señal contundente: la forma importa tanto como el fondo, incluso cuando se trate de proyectos con alto impacto social.
La demanda que detonó esta revisión fue presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las voces más críticas del gobierno. Aunque fue una de más de cincuenta acciones interpuestas contra la reforma, fue esta la que logró escalar al análisis de fondo por parte del alto tribunal. La Corte, en su sabiduría, decidió estudiar al menos cinco de las demandas presentadas, un indicio de la relevancia y complejidad del caso.
El Gobierno, por su parte, ha defendido con ahínco la constitucionalidad del proyecto, señalando que los procedimientos fueron legítimos y que lo que está en juego es la posibilidad de mejorar las condiciones de retiro de millones de colombianos. En particular, ha insistido en que el nuevo sistema, basado en un modelo de pilares, busca cerrar brechas de inequidad y garantizar una renta mínima a quienes hoy envejecen en la informalidad o la pobreza.
Pero si la Corte decide acoger la ponencia de Ibáñez, el Ejecutivo no solo se quedaría sin una de sus reformas bandera, sino que tendría que regresar al punto de partida en medio de un clima legislativo adverso, marcado por fracturas en su coalición y un Congreso cada vez más escéptico de las iniciativas gubernamentales. La decisión, entonces, no solo tendrá implicaciones jurídicas: será también un termómetro de la gobernabilidad del presidente Petro en la segunda mitad de su mandato.
El fallo que se avecina pondrá a prueba el equilibrio entre el respeto por los procedimientos democráticos y la urgencia de las transformaciones sociales. Si la Corte actúa con independencia y rigor —como se espera—, el país deberá acatar su decisión sin dramatismos, entendiendo que la solidez institucional no se mide por la cantidad de reformas aprobadas, sino por la manera en que se hacen.
En todo caso, esta coyuntura deja una lección ineludible: no hay atajo legítimo cuando se trata de reformar el país. Las normas deben cumplir no solo con el espíritu de justicia social, sino también con la letra clara de la Constitución. Lo contrario, como lo está demostrando esta revisión judicial, puede convertirse en el más costoso de los errores políticos.
