La escena es inusual: un expresidente norteamericano siendo desautorizado por el poder judicial por haber intentado gobernar como emperador comercial. El protagonista no podía ser otro que Donald Trump, quien volvió a imponer su estilo de martillo en abril al decretar una nueva ola de aranceles recíprocos de hasta el 50% a las importaciones. Sin embargo, este miércoles, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos le dijo no. Y ese no podría marcar un antes y un después en la ya volátil política comercial de la mayor potencia del mundo.
Los tres jueces del Tribunal no se anduvieron con eufemismos. Su sentencia fue clara: Trump se extralimitó. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional de 1977 (IEEPA), la misma que el magnate invocó para justificar su arremetida arancelaria, no le otorga facultades ilimitadas. El Congreso, dicen los jueces, no abdicó su autoridad en materia de comercio exterior. No lo hizo entonces, y no lo hace ahora. La Constitución todavía importa.
Lo que parecía una jugada más del repertorio proteccionista de Trump, en realidad encendió alarmas sobre los excesos ejecutivos en la política exterior económica de EE. UU. El expresidente buscaba imponer, como mínimo, un 10% a todos los bienes que cruzaran la frontera, con la posibilidad de escalar hasta el 50%, dependiendo del origen del producto. El mensaje era inequívoco: si no juegan según nuestras reglas, les cerramos el mercado. Una táctica clásica de presión, pero que esta vez no logró colarse bajo el radar institucional.
Incluso antes del fallo, Trump había moderado algunas de las tarifas más severas para permitir negociaciones con socios estratégicos como la Unión Europea. Pero esa flexibilidad no fue suficiente para justificar legalmente su decisión. Los jueces recordaron que la IEEPA fue diseñada para responder a amenazas reales y excepcionales, no para convertirse en un comodín que permite redibujar a placer el mapa del comercio internacional. A ojos del tribunal, Trump convirtió una herramienta de emergencia en un ariete político.
La pregunta que queda en el aire es: ¿y ahora qué? En lo inmediato, los aranceles impuestos por los decretos del 2 de abril quedan sin efecto. Las empresas estadounidenses que importan bienes celebran, los mercados respiran, y los socios comerciales del país se sienten momentáneamente aliviados. Pero la tentación del proteccionismo, alimentada por una narrativa nacionalista cada vez más fuerte en la política estadounidense, no ha desaparecido. Trump puede haber sido frenado por los jueces, pero su influencia persiste.
Lo que sigue dependerá en gran medida del Congreso. La sentencia deja una puerta abierta: si el Legislativo quiere cambiar el juego, tiene las llaves. Puede reforzar sus competencias o, por el contrario, delegarlas de forma más clara, en una eventual reforma de la IEEPA o en otra legislación marco. Mientras tanto, el fallo se erige como un recordatorio crucial: el poder presidencial tiene límites. Incluso cuando el protagonista se llama Donald Trump.
La decisión del tribunal no solo afecta el bolsillo de las multinacionales o el equilibrio diplomático. Es un símbolo. En una era en la que los populismos buscan tomar atajos, las instituciones –con sus demoras, tecnicismos y contrapesos– siguen siendo la mejor defensa de la legalidad. Y esta vez, fue un puñado de jueces poco conocidos quienes sostuvieron esa línea, reafirmando que ni siquiera el más ruidoso de los presidentes puede pisotear el Estado de derecho.
