La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en el epicentro de un escándalo de corrupción que involucra a exfuncionarios cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. En una nueva imputación de cargos, la Fiscalía General ha revelado detalles alarmantes sobre cómo altos funcionarios de la entidad habrían direccionado contratos públicos para beneficiar a intereses particulares. Entre los imputados se encuentran Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, y se mencionan nombres de relevancia política como los de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes habrían tenido un papel central en el entramado.
La acusación más grave recae sobre el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien, según la Fiscalía, habría dado instrucciones directas a Olmedo López, el entonces director de la UNGRD, para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi con un contrato de 35.000 millones de pesos. El contrato, que supuestamente tenía como fin atender emergencias en varios municipios, se habría diseñado para beneficiar a Chagüi, quien habría indicado en qué proyectos específicos debía ejecutarse el dinero. Este tipo de irregularidades no solo comprometen la gestión de la UNGRD, sino que también pone en duda la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a situaciones de emergencia.
El caso revela una estructura de corrupción que no solo se limitó a la participación de Velasco y López, sino que también involucra a varios funcionarios del gobierno Petro. La Fiscalía señala que, aunque hubo varios intentos de direccionar contratos, muchos de estos no llegaron a concretarse debido al escándalo que se desató tras el descubrimiento de las irregularidades. Este hecho, sin embargo, no minimiza la gravedad de la situación, pues demuestra cómo se intentaron manipular procesos contractuales dentro de una entidad crucial para la atención de emergencias en el país.
La implicación de otros funcionarios como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y su asesora, María Alejandra Benavides, suman más preocupaciones a este caso. Según la Fiscalía, tanto Bonilla como Benavides, junto con Jaime Ramírez Cobo, enlace del DAPRE con el Congreso, habrían intervenido en la adjudicación indebida de contratos en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en beneficio propio y de terceros. Estos contratos no solo favorecieron a políticos y empresarios, sino que también afectaron el bienestar de las comunidades que deberían haber recibido la atención inmediata en situaciones de desastre.
Este escándalo pone de manifiesto una vez más los peligros de la corrupción dentro de las instituciones públicas, especialmente cuando se trata de fondos destinados a atender emergencias y salvar vidas. En el contexto actual, donde la gestión del riesgo de desastres es crucial para mitigar los efectos de fenómenos naturales en zonas vulnerables, la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos deberían ser prioridades indiscutibles. Sin embargo, lo que se ha revelado es un sistema de corrupción que ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.
El hecho de que esta red de corrupción se haya gestado dentro de una entidad como la UNGRD, que tiene como misión la atención a emergencias y desastres, es un golpe a la credibilidad del gobierno Petro. Si bien la administración de Petro ha centrado parte de su discurso en la lucha contra la corrupción, este escándalo pone en evidencia la necesidad urgente de medidas más eficaces para garantizar que los recursos públicos no sean malversados ni dirigidos a intereses privados. La investigación en curso deberá ser seguida de cerca para asegurar que se haga justicia y se establezcan responsabilidades claras.
Este tipo de escándalos también refuerza la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político colombiano en general. El país se enfrenta a un desafío monumental en términos de gobernabilidad, donde las instituciones, en lugar de ser percibidas como agentes de cambio y progreso, terminan siendo vistas como espacios de beneficio personal para unos pocos. En este sentido, la política de “cero tolerancia con la corrupción” debe ir más allá de las palabras y concretarse en acciones contundentes que realmente erradiquen este mal.
A medida que avance la investigación, será fundamental que el gobierno de Gustavo Petro demuestre un compromiso real con la transparencia y la justicia. La corrupción no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia, y los responsables de estos actos deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. En última instancia, lo que está en juego no es solo la reputación de los exfuncionarios implicados, sino la confianza en las instituciones del país y la justicia social que debería guiar todas las políticas públicas.
