La justicia colombiana dictó 58 años y tres meses de prisión contra Bryan Campo, el asesino confeso de Sofía Delgado, una niña de apenas 12 años, cuya vida fue arrebatada brutalmente el 29 de septiembre de 2024 en Villagorgona, corregimiento del municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El fallo, aunque histórico en su duración, apenas alcanza a rozar la magnitud del daño causado por un crimen que sigue estremeciendo a la opinión pública.
El relato de los hechos es un descenso al horror: Campo, quien regentaba un negocio de accesorios para mascotas, atrajo a la menor a su local, la golpeó en la cabeza y luego la asesinó. Horas después, regresó al sitio, introdujo su cuerpo en un costal y lo abandonó en un cañaduzal. Las autoridades, tras una rápida investigación, lograron vincularlo al crimen. No tardó en confesarlo todo. Ahora, desde La Tramacúa, una de las cárceles de mayor seguridad del país, Campo decidió hablar.
En una entrevista concedida al canal de YouTube Conducta delictiva, el asesino reveló detalles que no solo confirman su culpa, sino que dejan ver un patrón de comportamiento perturbador. Lejos de mostrar arrepentimiento genuino, su testimonio oscila entre la justificación y una inquietante normalización de lo aberrante. Habló, incluso, de la relación con su propia hija menor de edad, a quien —según sus palabras— entrenaba “para que fuera fuerte” y con quien jugaban a “que él era el perro”.
La entrevista, que ha despertado indignación y repudio, plantea preguntas inevitables sobre el tratamiento mediático de los crímenes atroces. ¿Hasta qué punto es ético darles voz pública a quienes han cometido actos tan brutales? ¿Es un acto de transparencia o una forma de revictimización? En este caso, la crudeza de las declaraciones de Campo hace que incluso quienes creen en el derecho a la verdad se cuestionen sobre los límites del relato.
Las palabras de Campo sobre cómo abordará su crimen cuando su hija le pregunté por qué está preso, revelan una frialdad que hiela la sangre. “Toca decirle la verdad, que cometí un feminicidio”, afirma, como si se tratara de una infracción menor. El término, sin embargo, no es retórico: la sentencia lo cataloga claramente como tal, reconociendo no solo el acto violento, sino la carga estructural de odio y dominación que acompaña estos crímenes.
Sofía Delgado no es una cifra más. Su historia, su nombre, su inocencia truncada, deben permanecer en la memoria colectiva como un grito de alerta frente a la violencia que se ceba, día a día, contra las niñas y mujeres del país. Colombia no puede acostumbrarse al horror ni permitir que estos casos se pierdan entre titulares efímeros o transmisiones sensacionalistas.
El sistema judicial cumplió con su deber. Pero la pregunta más dura sigue sin respuesta: ¿qué mecanismos sociales, educativos y comunitarios fallaron para que un individuo como Campo pudiera llegar a convertirse en un asesino? La prevención del feminicidio exige mucho más que sentencias ejemplarizantes: requiere una transformación cultural profunda, sostenida y valiente.
La historia de Sofía, como tantas otras, debe servir de espejo, de advertencia y de mandato. La justicia fue lenta, pero llegó. Lo que ahora necesita Colombia es sanar, prevenir y nunca olvidar. Porque cada niña que cae en manos de un monstruo representa una derrota colectiva.
