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La crisis fiscal del Estado colombiano ha encontrado en Ecopetrol una tabla de salvación improvisada, riesgosa y polémica. Con una caja nacional cada vez más ajustada, en parte por la caída sostenida de los ingresos tributarios y la baja del precio internacional del crudo, el Gobierno ha decidido mirar hacia la empresa más poderosa del país como fuente directa de recursos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha emitido un cobro que podría cambiar por completo el equilibrio financiero de la petrolera estatal: $9,4 billones por concepto de IVA sobre gasolina importada, y con riesgo de escalar a $21 billones.
El reclamo de la Dian, que aplicaría un impuesto del 19 % sobre combustibles importados, se interpreta en muchos círculos como una tributaria camuflada: una medida que, sin pasar por el Congreso, busca cerrar el déficit fiscal usando a Ecopetrol como escudo de última hora. La aplicación retroactiva —de 2022 a 2025— convierte el cobro en una verdadera bomba de tiempo. Más que una fiscalización, parece una exacción extraordinaria disfrazada de legalidad.
La Unión Sindical Obrera (USO), que agrupa a los trabajadores de la petrolera, fue la primera en encender las alarmas. Según su análisis, $6,1 billones del total recaerían directamente sobre Ecopetrol, $1 billón sobre Reficar, y los $2,3 billones restantes serían intereses acumulados por supuestas omisiones tributarias. La preocupación del sindicato no es solo técnica, sino existencial: un pago de tal magnitud podría poner en jaque la estabilidad financiera de la compañía y, por ende, del mercado energético nacional.
El contexto no ayuda. Ecopetrol atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años. Sus utilidades se han reducido drásticamente desde 2023, las acciones se han desvalorizado en la Bolsa de Valores de Colombia, y su presidente, Ricardo Roa, enfrenta investigaciones y cuestionamientos éticos. Ahora, a esa mezcla volátil, se suma esta presión fiscal sin precedentes, que podría secar la ya menguada caja operativa de la empresa.
Lo que más inquieta no es solo el monto, sino el desequilibrio en el trato. Mientras la gasolina nacionalizada paga solo un IVA del 5 %, el combustible importado está siendo gravado al 19 %, aun cuando ambos abastecen el mismo mercado. Esa asimetría, que el Gobierno no ha logrado explicar con claridad, erosiona la competitividad de la empresa estatal frente a otros actores del sector y deja abierta la puerta a una nueva ola de especulación en los precios de los combustibles.
Los efectos de una decisión así van más allá del balance contable. Si Ecopetrol debe asumir una deuda de ese calibre, podría verse obligada a recortar inversiones clave en exploración, producción y transición energética. Esto no solo impactaría el presente, sino el futuro de la seguridad energética nacional. Colombia depende de Ecopetrol no solo como fuente de ingresos fiscales, sino como pilar de su autosuficiencia energética.
Además, el golpe a la confianza inversionista no sería menor. Los mercados internacionales siguen con lupa cualquier movimiento que implique intervención del Gobierno en las empresas públicas. Si la Dian logra imponer este cobro sin mediar una discusión estructural en el Congreso, el mensaje será claro: en Colombia, el Estado puede legislar por la vía administrativa cuando la caja lo exige.
Más que un simple litigio entre una empresa y la autoridad tributaria, este caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para salvar sus finanzas? En el tablero del poder, Ecopetrol ha sido puesta como ficha sacrificable. El problema es que, si cae, se lleva consigo mucho más que un balance: arrastra empleo, inversión, credibilidad y estabilidad.
