La intervención del Gobierno a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sigue generando un intenso debate en el país. Tres nuevos acontecimientos han avivado las dudas sobre la efectividad y el alcance de estas medidas. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de un mayor control sobre el sistema de salud, distintos sectores cuestionan si estas acciones responden a un plan estructurado o a decisiones improvisadas en medio de la crisis.
Uno de los puntos que ha generado mayor inquietud es la falta de claridad en los criterios para intervenir las EPS. A pesar de los anuncios oficiales, persisten las dudas sobre la sostenibilidad financiera del modelo y la capacidad del Gobierno para gestionar las entidades intervenidas. Expertos en salud advierten que, sin una estrategia clara, el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y afectación en la prestación del servicio podría incrementarse en el corto plazo.
A esta preocupación se suma la incertidumbre sobre el impacto en los pacientes. Las quejas de usuarios que han experimentado demoras en la atención o dificultades en la asignación de citas médicas han aumentado, lo que refuerza los temores sobre la viabilidad de la intervención estatal. Si bien el Gobierno ha prometido mejoras en la cobertura y calidad del servicio, los resultados aún no son tangibles para la ciudadanía.
Por otro lado, la comunidad médica y académica ha señalado la necesidad de una reforma integral que contemple medidas más allá de la intervención de las EPS. La crisis del sistema de salud no se soluciona únicamente con la toma de control de algunas entidades, sino con una reestructuración que garantice la estabilidad financiera y operativa del sector. En este sentido, expertos han propuesto la creación de mecanismos de vigilancia más eficientes y una mayor inversión en infraestructura hospitalaria.
En medio de este panorama, el debate sobre la reforma a la salud cobra aún más relevancia. La intervención de las EPS es solo una parte de un problema más amplio que requiere soluciones estructurales y consensuadas. Mientras el Gobierno avanza con su estrategia, el país sigue a la expectativa de si estas acciones contribuirán a mejorar el sistema de salud o si, por el contrario, agudizarán la crisis existente.
