El Gobierno de Francia Márquez se ve nuevamente envuelto en la controversia debido a una grave denuncia de acoso sexual en el Ministerio de Igualdad y Equidad, cargo que la vicepresidenta lidera. La acusación fue interpuesta por Sandra Milena Cobos Angulo, exgobernadora indígena, quien denunció haber sido víctima de abuso por parte de Nelson Lemus Cruz, viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos. La denuncia ha sacudido tanto a la administración como a la opinión pública, poniendo en evidencia prácticas de violencia de género que ocurren en instituciones clave del gobierno.
Según la denuncia de Cobos, el viceministro Lemus no solo incurrió en conductas inapropiadas, sino que además estas acciones fueron minimizadas por su círculo cercano, lo que incrementó el malestar de la funcionaria. En su relato, Cobos señaló que Lemus la abordó sin su consentimiento en diversas ocasiones, solicitándole viajar a Caquetá en su vehículo particular y realizando insinuaciones de índole personal. Cuando Cobos acudió a la asesora del viceministro para exponer la situación, la respuesta recibida fue alarmante: “No te preocupes, él es así. Es más, si el vice te invita a su apartamento en algún momento, no te asustes”.
El maltrato experimentado por Cobos no se limitó al acoso, sino que se extendió a un trato discriminatorio dentro del despacho. La exgobernadora indígena, al negarse a viajar con Lemus a Caquetá, aduciendo razones personales, denunció represalias y un ambiente de trabajo hostil que afectaba su desempeño profesional. A ello se sumó la amenaza velada de un mensaje escrito con labial en uno de los baños del Ministerio: “CUIDADO. En vicepueblos hay un acosador sexual! Hay denuncias”, lo que evidenció un clima de impunidad en la institución.
Francia Márquez, al conocer la denuncia el 14 de febrero de 2025, se vio obligada a romper su silencio y tomar medidas inmediatas. La vicepresidenta no dudó en condenar las conductas denunciadas, expresando su total rechazo hacia cualquier forma de violencia y subrayando su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y las víctimas de abuso. De manera contundente, ordenó que la Oficina de Control Interno Disciplinario remitiera el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que se adelantara una investigación rigurosa.
La respuesta de Márquez también incluyó la activación de protocolos de apoyo para Cobos, con el fin de brindarle atención y respaldo en el proceso judicial que decidiera emprender. La vicepresidenta reiteró que la situación sería tratada con los principios fundamentales de confidencialidad, respeto y debido proceso, subrayando la importancia de garantizar la integridad de las víctimas en el curso de la investigación.
Este caso resalta la necesidad de crear espacios laborales libres de acoso y discriminación en todas las instituciones del Estado. La denuncia no solo pone en evidencia los abusos cometidos por parte de altos funcionarios, sino también la cultura de silencio y complicidad que muchas veces rodea estos hechos. La denuncia de Cobos es, por tanto, un llamado de atención para erradicar estas conductas y establecer mecanismos eficaces para la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Francia Márquez, ha asumido con seriedad las implicaciones de este caso, comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para que no quede impune. En un contexto en el que la violencia de género y el acoso sexual continúan siendo temas recurrentes en la agenda pública, este caso se convierte en una prueba de fuego para el Gobierno y para las políticas de igualdad que, desde su creación, han sido bandera de la administración. La expectativa es que el proceso judicial avance con rapidez y se haga justicia en beneficio de las víctimas, demostrando que la lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral es una prioridad para el Estado colombiano.
