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Lo que parecía ser una operación perfectamente calculada, una acción criminal que avanzaba sin dejar rastro, ha terminado por caer en las manos de la justicia. Alexander Builes Arroyave, un exempleado de la Universidad de Antioquia, enfrenta una acusación seria por desfalcar a los pensionados de la institución por más de 135 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación lo imputó por los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático, después de que se descubriera que, durante más de un año, manipuló el sistema de pagos pensionales de la universidad para desviar sumas millonarias.
Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, Builes Arroyave, quien trabajaba en el área de talento humano, aprovechó su posición privilegiada para cometer un acto de corrupción que se desplegó con la precisión de un plan premeditado. Utilizando el nombre de su propio padre, el hombre logró abrir una cuenta bancaria a su nombre y depositar el dinero destinado a las mesadas pensionales de varios jubilados. No solo desvió los pagos de pensionados activos, sino que, en un acto aún más escalofriante, también utilizó los datos de personas fallecidas para simular su presencia en los registros y seguir cobrando sus pensiones.
El modus operandi de Builes Arroyave no fue sencillo de descubrir. Durante más de un año, manipulado el Sistema de Gestión de Personal (SIPE), Builes ocultó su rastro, modificando el registro de pensionados y alterando información crítica para hacer que el dinero desapareciera en una cuenta que no tenía relación alguna con los beneficiarios originales. Un total de 24 eventos delictivos habrían sido cometidos bajo este esquema. En su audiencia ante el juez, Builes no se allanó a los cargos, lo que promete un largo camino judicial para esclarecer la magnitud de su delito.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad educativa y entre los pensionados de la universidad, quienes han sido víctimas de un robo que no solo afecta el bienestar económico de los jubilados, sino que también pone en duda la integridad de las instituciones encargadas de velar por sus derechos. La noticia llega en un momento en que la ciudadanía está cada vez más alerta sobre los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, especialmente aquellos encargados de gestionar recursos destinados al bienestar común.
La Fiscalía, al mismo tiempo que ha llevado a cabo investigaciones para procesar a Builes Arroyave, destaca la importancia de las herramientas que están implementando para combatir este tipo de delitos. En particular, la línea anticorrupción 157 ha jugado un papel crucial en la detección de irregularidades. Esta línea, lanzada hace un mes, ha sido fundamental para recibir denuncias anónimas sobre abusos de poder, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos, entre otros. Gracias a ella, la justicia ha logrado procesar a 80 funcionarios públicos en el último año y medio, lo que demuestra que el sistema está funcionando y que las denuncias están siendo tomadas en cuenta.
Es especialmente preocupante que el padre de Builes Arroyave, el cual nunca tuvo vínculo con la universidad, haya sido utilizado sin su conocimiento en un fraude de tal magnitud. Esto pone de relieve la complejidad de los esquemas corruptos, en los que personas ajenas a los hechos pueden verse involucradas sin su consentimiento. La situación también plantea interrogantes sobre los controles internos de las instituciones públicas y cómo pueden mejorar para evitar que estos fraudes se repitan.
A nivel social, este caso resalta una problemática más amplia sobre la corrupción dentro de las entidades públicas y la necesidad de reforzar la vigilancia y los controles administrativos. En muchas ocasiones, los recursos destinados a los sectores más vulnerables, como los pensionados, terminan en manos equivocadas debido a la falta de supervisión adecuada. Este tipo de delitos no solo impactan la economía, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deben proteger sus intereses.
Finalmente, el caso de Alexander Builes Arroyave es un ejemplo claro de cómo la corrupción no tiene límites ni moralidad. Utilizar la información personal de otros, y en especial de personas fallecidas, para enriquecerse a costa de quienes han dedicado toda su vida al servicio público es una muestra de la deshumanización que puede existir en algunos individuos. Sin embargo, también es una advertencia de que, a pesar de la sofisticación de los delitos, las autoridades están comprometidas en desmantelar estas redes de corrupción y garantizar que quienes atenten contra el bienestar público sean llevados ante la justicia.
