El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en la recta final de la confección de la consulta popular que espera presentar al Senado para obtener su aval y convocar a los ciudadanos a las urnas. La iniciativa, que ha generado gran expectativa en el país, busca dar un paso más en el fortalecimiento de la democracia participativa, permitiendo que los colombianos se pronuncien directamente sobre una serie de temas cruciales para el futuro del país.
De acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA, el Gobierno tiene claro su cronograma: el lunes 21 de abril se presentará formalmente la propuesta al Senado. Ese día, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, acudirán al Legislativo para radicar la solicitud y explicar los pormenores de la consulta. Los dos ministros estarán acompañados por congresistas del Pacto Histórico y otras bancadas cercanas al Gobierno Petro, quienes se encargarán de manifestar su respaldo a la propuesta y pedir a los senadores que el tema se trate con la mayor celeridad posible.
La fecha de presentación al Senado es clave para los tiempos de la consulta popular. Según lo establecido por el Ejecutivo, la meta es obtener el aval legislativo antes de que termine el mes de mayo. A partir de ahí, se definirá la fecha en la que los colombianos serán convocados a las urnas para participar en este mecanismo de participación. La consulta no se realizará más allá de tres meses, lo que significa que, a más tardar, a finales de agosto se podría llevar a cabo este ejercicio democrático.
Sin embargo, el Senado tiene un plazo de hasta 30 días para estudiar la propuesta presentada por el Ejecutivo. Durante este tiempo, los senadores deberán analizar el contenido de las preguntas que se les plantearán a los ciudadanos y determinar si es viable llevar a cabo la consulta según lo planteado por el Gobierno. Si bien el respaldo de las bancadas cercanas al presidente Petro es un factor clave para que la iniciativa avance con rapidez, el proceso legislativo aún podría enfrentar algunos obstáculos, dado que no todos los congresistas comparten la misma visión respecto a la consulta popular.
El Gobierno está trabajando con ahínco en la elaboración de las preguntas que se someterán a la opinión de los colombianos. Estas preguntas, que serán la base de la consulta, abarcarán una serie de temas que se consideran de vital importancia para la agenda del Ejecutivo. Aunque los detalles específicos de las preguntas aún no se han revelado de manera oficial, se espera que aborden cuestiones relacionadas con la paz, la justicia social, y la reforma del sistema político y económico del país.
Una vez que el Senado otorgue el aval, el siguiente paso será la organización logística de la consulta popular. La convocatoria implicará una serie de decisiones operativas que incluirán la conformación de las mesas de votación, la capacitación de los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso y, sobre todo, la promoción de la participación ciudadana. En este sentido, el Gobierno tendrá un papel fundamental en incentivar a los colombianos a que se sumen al proceso, dado que el éxito de la consulta dependerá en gran medida de la cantidad de personas dispuestas a participar.
El impacto de esta consulta popular es considerable. Si bien no se trata de un mecanismo vinculante por sí mismo, los resultados de la votación tendrán un peso político significativo, pues reflejarán el grado de apoyo que tiene la propuesta del Gobierno entre la población. Además, este tipo de ejercicios democráticos refuerzan la legitimidad del Ejecutivo, mostrando una clara voluntad de involucrar a la ciudadanía en las decisiones más trascendentales para el país.
En resumen, el Gobierno de Gustavo Petro está ultimando detalles para presentar la consulta popular al Senado el próximo 21 de abril. Con el respaldo de congresistas cercanos al Ejecutivo, la propuesta tiene grandes posibilidades de avanzar rápidamente en el Legislativo. Si todo sale según lo previsto, los colombianos serán convocados a las urnas en los próximos meses, dando así un paso más hacia una democracia participativa que permita a la ciudadanía expresar su opinión directa sobre los asuntos más importantes del país.
