En el corazón de una industria que alimenta a millones de colombianos, se libra hoy una batalla silenciosa, técnica y legal. La multinacional francesa Lactalis, uno de los gigantes mundiales del sector lácteo, enfrenta en Colombia una sanción que supera los 21 mil millones de pesos por, presuntamente, haber adicionado lactosuero a su leche entera. Sin embargo, su defensa califica la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como un “falso positivo administrativo”.
El caso, que ha capturado la atención tanto de juristas como de consumidores, se remonta a 2018, cuando se iniciaron las primeras pesquisas de la SIC, apoyadas en pruebas tomadas por el Invima en 2020. Estas muestras, que han sido la piedra angular de la sanción, son hoy blanco de cuestionamientos técnicos por parte de la defensa de Lactalis, encabezada por el abogado Pablo Felipe Robledo, superintendente de la misma entidad que hoy señala a su cliente.
Robledo, con la autoridad de haber estado al frente de la SIC, sostiene que no existe evidencia concluyente que demuestre que Lactalis adulteró su leche. Va más allá: asegura que los mismos documentos del expediente contienen afirmaciones de los inspectores que pondrían en duda la contundencia de la acusación. “No hay rastro objetivo de engaño al consumidor”, afirma. Su defensa, entonces, se apoya tanto en argumentos de derecho como en fundamentos técnicos y científicos.
El núcleo del debate jurídico gira en torno al lactosuero, un subproducto del queso que, si bien es legalmente permitido en otras categorías de alimentos, está prohibido en la leche entera líquida para consumo directo en Colombia. La norma es clara, pero lo que está en entredicho es si los análisis que se hicieron permiten afirmar, sin duda razonable, que dicho componente fue agregado por la compañía en su cadena de producción.
Lactalis, por su parte, no está sola en el banquillo. Otras tres empresas del sector también fueron sancionadas en la misma resolución. No obstante, es la multinacional europea la que ha decidido dar la pelea más pública y frontal, quizás por lo que está en juego: su reputación global, la confianza del consumidor colombiano y el precedente jurídico que pueda dejar este caso para el sector alimentario.
Mientras tanto, la SIC insiste en que su actuación fue ajustada a la ley y que las sanciones buscan proteger el derecho del consumidor a recibir un producto auténtico, sin alteraciones que puedan inducir a error. La entidad sostiene que el seguimiento fue riguroso y que las pruebas, aunque tomadas hace años, tienen plena validez probatoria. El conflicto, entonces, se convierte en un pulso entre criterios técnicos, interpretación normativa y defensa reputacional.
Este episodio revela el delicado equilibrio entre regulación y libre empresa. La intervención estatal en sectores tan sensibles como el alimentario debe ser firme, sí, pero también rigurosamente sustentada, pues una sanción mal fundamentada puede afectar no solo a una compañía, sino a toda una industria. Y, del otro lado, la defensa técnica no puede convertirse en un escudo contra los derechos del consumidor.
La apelación de Lactalis seguirá su curso, y mientras la última palabra aún no se dice, el país observa con atención cómo se define el futuro de uno de los alimentos más básicos de la canasta familiar. En el fondo, más allá del lactosuero, lo que se debate es la confianza en lo que bebemos a diario y en las instituciones que lo vigilan.
