La justicia ha llegado finalmente para uno de los exfuncionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. Trece años después de los hechos que desataron una serie de investigaciones por corrupción, César Augusto Manrique Soacha, quien fue director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante la Alcaldía de Petro en Bogotá, ha sido condenado a diez años de prisión. Su involucramiento en el escándalo de las motocicletas eléctricas, adquirido a través del Fondo de Vigilancia en Bogotá, pone de manifiesto la sombra de la corrupción que persiste en varias esferas del Estado, incluso cuando los implicados han alcanzado altas posiciones dentro del Gobierno Nacional.
El caso de Manrique remonta a 2012, cuando, como director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, firmó el contrato No. 559 con el que se adquirieron 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Un contrato valorado en más de 4.300 millones de pesos que, a simple vista, tenía la intención de mejorar las operaciones de la policía en la capital del país. Sin embargo, pronto comenzaron a aflorar las irregularidades que terminaron en un escándalo por sobrecostos y contratos mal gestionados.
El juez que leyó la sentencia de condena el 31 de marzo de 2025 absolvió a Manrique del delito de peculado por apropiación, lo que implicaría un robo directo de los recursos públicos. Sin embargo, lo condenó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, y por no cumplir con los requisitos legales exigidos para la adjudicación del mismo. Las pruebas presentadas durante el juicio, que se extendió entre 2021 y 2023, apuntaron a los evidentes sobrecostos en el contrato, que se estimaron en más de $1.000 millones por la compra de las motocicletas, además del exceso de gastos en los kits de los vehículos.
El contrato de las 100 motocicletas eléctricas terminó siendo un fiasco para las finanzas públicas. Las motos, que debían servir para optimizar las labores de la Policía de Bogotá, nunca fueron utilizadas para su propósito original. Según el fallo judicial, las motocicletas se inutilizaron y fueron finalmente abandonadas, convirtiéndose en chatarra. El incumplimiento del contrato y la evidente mala gestión derivaron en una pérdida de recursos que afectó gravemente al erario público y dejó en evidencia las fallas en la supervisión y control de los contratos públicos en el Distrito.
Las irregularidades en torno a este contrato no fueron menores. Las motocicletas, de la marca Zero DS-ZF9 y tipo Cross, fueron adquiridas a un precio de $5.9 millones por unidad, cuando el valor real de las mismas debería haber sido considerablemente más bajo. Esta diferencia, además de los costos adicionales por los kits de los vehículos, terminó por generar una pérdida económica que no solo afectó el bolsillo de los bogotanos, sino que también comprometió la imagen de la administración de Petro en su momento.
El juicio contra Manrique no solo es un reflejo de la corrupción administrativa en la capital del país, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de las entidades gubernamentales. Aunque la justicia haya llegado con un retraso considerable, la condena de Manrique envía un mensaje claro sobre las consecuencias de la mala gestión y el manejo indebido de los recursos públicos, especialmente en lo que respecta a los contratos que deberían beneficiar a la ciudadanía.
El caso también pone de manifiesto cómo la corrupción y las malas prácticas han estado presentes a lo largo de los años, a pesar de las promesas de cambios estructurales y de transparencia que se hicieron en las administraciones anteriores. Los ciudadanos siguen esperando respuestas sobre cómo se gestionan los recursos públicos, y este caso solo aumenta el escepticismo sobre la eficacia de las políticas anticorrupción que tanto se han publicitado.
Finalmente, la condena de César Augusto Manrique Soacha es solo un capítulo más en la larga historia de escándalos que han rodeado a varios funcionarios públicos vinculados al presidente Petro. La justicia, aunque tardía, parece cumplir su función, pero la pregunta que persiste es: ¿qué tan profundas son las raíces de la corrupción en el Estado colombiano, y qué medidas realmente efectivas se están tomando para erradicarla de una vez por todas?
