El Cañón del Micay, ubicado en el norte del Cauca, se ha convertido en un terreno de conflicto no solo por su geografía, que facilita el narcotráfico, sino también por los complejos desafíos sociales y humanitarios que enfrenta. En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha encontrado un nuevo dolor de cabeza en su proyecto de “paz total”, pues el control sobre la región se ha visto dificultado por la presencia de grupos armados ilegales y el arraigo de cultivos ilícitos. La crisis se agudizó recientemente cuando un intento de asonada por parte de disidentes del Frente Carlos Patiño de las FARC dejó a varios uniformados retenidos, un hecho que expuso aún más las falencias del enfoque del gobierno.
En su intervención durante el Consejo de Ministros, Petro no dudó en recalcar que la respuesta del gobierno debía ser militar. A pesar de las críticas que su estrategia de intervención en zonas de cultivos ilícitos ha recibido, el presidente insistió en que el Estado debe avanzar para recuperar el control total del Cañón del Micay. “No retrocedemos, vamos para adelante”, afirmó, marcando una postura firme ante los desafíos que presenta la región. Sin embargo, esta declaración no hizo más que abrir un nuevo frente de tensión, pues la seguridad y el bienestar de la población civil continúan siendo una prioridad en la agenda.
El presidente dejó claro que, a diferencia de las políticas anteriores, no habrá erradicación forzada de los cultivos de coca. La propagación de rumores entre los cultivadores de la región sobre una posible erradicación violenta fue identificada como una de las causas que detonaron el conflicto. Petro fue enfático al recalcar que este gobierno escucha a las comunidades y no impondrá medidas sin su consentimiento, lo que refleja la complejidad de tratar de transformar una región que históricamente ha dependido del narcotráfico para su subsistencia. Este enfoque busca evitar una confrontación directa con los campesinos, pero plantea interrogantes sobre la efectividad a largo plazo.
Dentro de la estrategia para abordar la crisis en el Cañón del Micay, el gobierno presentó varios planes de intervención, incluyendo el mejoramiento de viviendas y la formalización de predios. Sin embargo, estas medidas, aún en desarrollo, fueron objeto de duras críticas por parte de Petro hacia su gabinete. En particular, el presidente cuestionó a varios ministros por no cumplir con las expectativas del plan, citando como ejemplo la falta de conectividad en la región, un elemento esencial para garantizar el éxito de los programas de educación y desarrollo. El Ministerio de Agricultura también recibió un llamado de atención, pues los esfuerzos para sustituir los cultivos de coca por cacao solo han llegado a un número limitado de familias, cuando la necesidad es mucho mayor.
El presidente no ocultó su frustración ante la lentitud de los avances. Mencionó que, en el corregimiento de El Plateado, solo un pequeño número de familias se beneficiaba de los programas de sustitución de cultivos, lo que no era suficiente para transformar la región. “Esto no lo hace una ONG, es el Estado el que debe intervenir a gran escala”, subrayó Petro, dejando claro que se necesitan soluciones más amplias y efectivas para poder abordar las dimensiones del problema. La falta de cobertura en los programas de sustitución agrícola refleja una desconexión entre las políticas públicas y la realidad sobre el terreno.
A nivel de infraestructura, el Cañón del Micay sigue siendo una de las regiones más desatendidas en términos de servicios básicos. El presidente expresó su descontento con los esfuerzos limitados en el mejoramiento de viviendas y aseguró que las cifras propuestas por el gobierno eran insuficientes. En su intervención, destacó que no basta con mejorar 150 viviendas, sino que se deben llevar a cabo proyectos a gran escala que realmente cambien las condiciones de vida de miles de familias que viven en condiciones precarias. La falta de intervención adecuada en estos sectores sigue siendo una de las principales preocupaciones para las comunidades locales.
El llamado a la acción fue claro y urgente. El presidente firmó una directriz en la que pidió a sus ministros adelantar los proyectos e intervenciones con carácter “urgente” y sin más demoras. Para garantizar el seguimiento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue designado para coordinar la verificación de los avances en la zona. Este enfoque busca que los proyectos no solo queden en el papel, sino que se materialicen de manera efectiva, con el fin de mitigar la crisis humanitaria y de seguridad que sigue golpeando al Cañón del Micay.
La situación en el Cañón del Micay resalta las enormes dificultades que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro en su intento de implementar su estrategia de “paz total”. Los choques entre las políticas de seguridad, el manejo de cultivos ilícitos y el bienestar de las comunidades son inevitables, pero lo que está en juego es el futuro de una región estratégica para Colombia. Mientras se avanza en la implementación de medidas, el tiempo y la capacidad de respuesta del gobierno serán determinantes para evitar que el Cañón del Micay siga siendo una herida abierta en el proceso de paz.
