La decisión sobre la prórroga de la concesión de agua subterránea a la embotelladora Coca-Cola, programada para el próximo 15 de mayo por parte de la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), marca un punto crítico en la creciente tensión entre intereses empresariales y las demandas sociales por la protección del recurso hídrico. Lo que durante una década fue un proceso técnico, hoy se ha convertido en un caso emblemático de la lucha por el agua en una región cada vez más sedienta.
La concesión fue otorgada hace diez años a la Industria Nacional de Gaseosas S.A. – Indega S.A., filial de Coca-Cola, para la explotación de aguas subterráneas en el municipio de La Calera, pasó desapercibida durante mucho tiempo. Sin embargo, el contexto ha cambiado. En un país donde las sequías son cada vez más intensas y Bogotá atraviesa una crisis hídrica con racionamientos en varios sectores, la opinión pública se ha volcado a cuestionar el uso industrial de un recurso que comienza a escasear para el consumo humano.
La prórroga solicitada por la embotelladora, por otros diez años de uso, ha generado un debate transversal. Ambientalistas, académicos y organizaciones sociales han puesto en duda no solo la legalidad del trámite, sino también su legitimidad ética. Alegan que otorgar prioridad a una multinacional, en tiempos de emergencia climática y déficit hídrico, es un acto que contradice los principios de sostenibilidad y justicia ambiental.
Desde la otra orilla, la empresa defiende su operación alegando cumplimiento normativo, eficiencia en el uso del agua y una política de “compensación hídrica” que, según sus voceros, busca devolver a la naturaleza lo que se extrae del subsuelo. No obstante, esas explicaciones no han logrado calmar los ánimos. El punto de fricción no es solo técnico: es simbólico. El agua, cada vez más, deja de ser vista como un insumo y se convierte en un bien común que exige una gestión participativa y transparente.
La audiencia pública convocada por la CAR será, en ese sentido, mucho más que un trámite administrativo. Representa una oportunidad para que la ciudadanía haga sentir su voz, para que la ciencia dialogue con las políticas y para que se replantee el modelo de explotación de recursos en zonas de alta vulnerabilidad ecológica. Será también una prueba para la institucionalidad ambiental del país, cuya independencia y criterio técnico están siendo puestos bajo escrutinio.
La sabana de Bogotá no solo es estratégica en términos económicos: es frágil en términos ecológicos. Los acuíferos que alimentan a municipios como La Calera y parte de la capital no son infinitos, y su recuperación frente a la sobreexplotación puede tardar décadas. En este escenario, cada decisión cuenta, y cada gota de agua mal gestionada puede traducirse en escasez para las generaciones futuras.
Este caso también expone una deuda mayor: la falta de información pública clara sobre las concesiones de agua en Colombia. ¿Quién tiene derecho a extraer, cuánto, por cuánto tiempo y con qué impacto? Preguntas que rara vez se discuten en el debate cotidiano, pero que cobran sentido cuando el agua comienza a faltar en los hogares. La transparencia en el uso de un recurso vital no puede seguir siendo una excepción.
Mientras se acerca la fecha de la audiencia, la discusión sobre la concesión de agua a Coca-Cola seguirá creciendo. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una licencia: es el modelo de país que queremos construir frente al cambio climático. Uno donde el agua sea tratada como mercancía o como derecho. La CAR, con su decisión, tendrá la palabra.
