En un giro que podría modificar sustancialmente el destino de miles de migrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció esta semana la entrada en vigor de una nueva versión del Formulario I-485, documento esencial para tramitar la residencia permanente legal, conocida como Green Card. A partir del 10 de febrero de 2025, sólo serán válidas las solicitudes que se presenten con la edición fechada el 24 de octubre de 2024. Cualquier otro formato, sin excepción, será automáticamente rechazado.
Esta modificación, aparentemente técnica, es en realidad un cambio profundo que introduce nuevos requisitos y protocolos en un proceso ya de por sí complejo y costoso. La decisión, que se enmarca en una línea más estricta de política migratoria bajo el liderazgo del expresidente Donald Trump —candidato nuevamente en 2024—, ha generado preocupación entre comunidades latinas, particularmente entre ciudadanos de países como México, Argentina, Colombia y Venezuela, quienes figuran entre los principales solicitantes de este estatus migratorio.
El USCIS ha señalado que el nuevo formulario busca fortalecer los mecanismos de verificación de antecedentes y garantizar que sólo aquellos que cumplan con todos los estándares legales y de seguridad puedan acceder a la residencia. Sin embargo, abogados de inmigración y organizaciones de derechos civiles advierten que las nuevas condiciones podrían convertirse en una barrera más alta para quienes intentan regularizar su situación en un país que ya exige una maratón burocrática para cada paso legal.
Para los migrantes latinoamericanos, este anuncio no cae en un vacío. Se suma a una narrativa cada vez más restrictiva que ha ido tomando fuerza en sectores conservadores de la política estadounidense, donde la inmigración legal e ilegal son frecuentemente equiparadas. Este endurecimiento se produce además en un año electoral, donde el discurso anti inmigrante vuelve a ser un capital político, especialmente en estados clave donde el voto hispano es decisivo.
La situación es especialmente delicada para mexicanos y centroamericanos, cuyas solicitudes de Green Card representan un porcentaje significativo de los trámites ante el USCIS. No se trata solamente de un nuevo formulario: detrás de su aplicación se insinúan criterios más rigurosos, mayores tiempos de espera y, probablemente, un incremento en los rechazos. A quienes ya están en medio del proceso, se les aconseja revisar cuidadosamente las fechas y versiones del formulario para no perder tiempo ni recursos.
En el caso de Argentina, Colombia y otros países sudamericanos, si bien el volumen de solicitudes es menor, los efectos no serán menos significativos. Muchos profesionales, familias y jóvenes que apuestan por un futuro en Estados Unidos a través de programas de empleo o reunificación familiar ahora enfrentan una mayor incertidumbre. La posibilidad de que sus papeles sean desestimados por un simple error administrativo es una amenaza real y latente.
Expertos consultados señalan que estos cambios podrían derivar en una desaceleración del flujo migratorio legal, con consecuencias económicas tanto para los migrantes como para sectores estadounidenses que dependen de mano de obra extranjera calificada. También preocupa el riesgo de que estas medidas alimenten la informalidad y aumenten los casos de personas que, ante las trabas, opten por caminos ilegales o queden atrapadas en un limbo migratorio.
En definitiva, la actualización del Formulario I-485 no es un detalle menor ni un ajuste de rutina. Representa un nuevo filtro, posiblemente más severo, en una política migratoria que sigue siendo objeto de tensiones internas en EE. UU. Para los migrantes latinoamericanos, el mensaje es claro: cada paso cuenta, y ahora más que nunca, la precisión y el cumplimiento serán determinantes para alcanzar el sueño de una vida legal en el país del norte.
