La emboscada que terminó con la vida de seis soldados del Ejército Nacional en zona rural de Charras, Guaviare, ha revivido los peores temores sobre el retroceso del proceso de paz en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado. El ataque, atribuido a la estructura John Linares de las disidencias de las FARC, no solo dejó un saldo trágico de muertos y un desaparecido, sino que evidenció las grietas de un acuerdo que sigue siendo frágil frente a la dinámica cambiante del crimen organizado.
Desde el Ministerio de Defensa, la reacción fue inmediata y contundente. El ministro Pedro Sánchez condenó lo que calificó como un “vil asesinato” y anunció que se implementarán medidas firmes para restablecer el control territorial. En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, el jefe de la cartera subrayó que el crimen atenta directamente contra la institucionalidad y representa “una traición a la transformación del territorio hacia la paz”.
Los uniformados pertenecían al Batallón de Infantería N.° 19 Joaquín París, y cumplían labores de protección en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, zona destinada a la implementación del proceso de reincorporación de excombatientes. El hecho de que este ataque ocurre en un espacio creado precisamente para consolidar la paz, añade una capa dolorosa de ironía al crimen.
Las autoridades identificaron como responsables a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá y alias Baison, dos nombres conocidos por sus operaciones en el sur del país. Estos grupos, que rompieron con el acuerdo de La Habana, han venido fortaleciendo su control en algunas zonas mediante alianzas con economías ilegales, mientras mantienen una retórica ambigua respecto a los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno.
La cúpula militar, por su parte, manifestó su respaldo a las familias de los uniformados caídos y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la misión constitucional. El comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, advirtió que se intensificarán las operaciones ofensivas en el sur del país, y aseguró que los responsables de este acto no quedarán impunes. El mensaje fue claro: la institución no permitirá que el terror condicione su presencia en los territorios.
Sin embargo, más allá del legítimo dolor institucional, el hecho pone en cuestión la eficacia de las estrategias de seguridad actuales. Mientras el Gobierno avanza con su ambiciosa agenda de paz total, las disidencias parecen moverse con libertad preocupante en regiones donde el Estado aún no logra consolidar su presencia. Los ataques como el de Guaviare demuestran que los actores armados no solo resisten, sino que se reconfiguran y retan de forma directa al Estado.
El ministro Sánchez fue enfático al recordar que el asesinato de miembros de la Fuerza Pública puede acarrear penas de hasta 37 años de cárcel. “Las disidencias, al igual que el Clan del Golfo y el ELN, son organizaciones criminales que deben ser desmanteladas sin vacilación”, afirmó. Aun así, las palabras por sí solas no bastan: se requiere una respuesta que combine justicia, inteligencia militar y una presencia integral del Estado que impida que los acuerdos de paz sean papel mojado.
Guaviare, como tantas otras regiones del país, vive atrapada entre las promesas de la paz y la persistencia de la guerra. La muerte de estos seis soldados es una herida más en una historia de sacrificios y deudas pendientes. Y aunque las ceremonias de honor y los discursos de rechazo son necesarios, lo verdaderamente urgente es asegurar que estas tragedias no se repitan, y que los caminos hacia la reconciliación no sigan siendo emboscados por la violencia.
