En el Congreso de la República, entre cálculos técnicos y tensiones fiscales, avanza una propuesta que durante años fue reclamada a gritos desde múltiples sectores: el desmonte progresivo del impuesto a los movimientos financieros, más conocido como el 4×1.000. El proyecto de ley 222 de 2024, respaldado por congresistas de distintas bancadas, propone desactivar uno de los gravámenes más impopulares —y, paradójicamente, más rentables— del sistema tributario colombiano.
La iniciativa, que ya superó su primer debate en la Cámara, establece una ruta gradual para que el impuesto desaparezca por completo en un periodo de siete años a partir de 2027. No se trata de un desmonte súbito, sino de una retirada milimétrica: empezaría con una tasa de 3,75 x 1.000 en 2027 y se reduciría año a año hasta llegar a cero en 2034. Una transición que busca equilibrar dos verdades incómodas: la necesidad de aliviar a los contribuyentes y la dificultad de reemplazar una fuente de ingresos que en 2023 aportó más de 11 billones de pesos al erario.
El 4×1.000 nació como medida temporal en 1998, en medio de una crisis financiera, y con la promesa de ser retirado pocos años después. Sin embargo, como muchas medidas de emergencia en Colombia, se quedó para siempre. Su simplicidad en la recolección lo convirtió en una fuente irresistible de recursos para el Estado, pero también en un castigo cotidiano para millones de ciudadanos, incluso aquellos que no alcanzan el umbral del impuesto de renta.
Sus críticos han insistido durante años en que se trata de un tributo regresivo, que castiga el ahorro y desalienta la bancarización, afectando más a los hogares de bajos ingresos que a las grandes fortunas. Desde la academia, los gremios y algunos sectores políticos se ha denunciado que perpetuar solo ahonda la informalidad y limita el acceso real al sistema financiero. No obstante, su eliminación ha sido postergada por una razón sencilla: sin él, se rompe un pilar fiscal.
Por eso, el proyecto no es una revolución, sino una cirugía delicada. Reconoce el papel que el impuesto cumple en el equilibrio presupuestal, pero propone su retiro con tiempo suficiente para planear un reemplazo. El dilema es claro: ¿con qué se llenará el vacío fiscal que dejará el 4×1.000? La norma aún no ofrece una respuesta definitiva, pero menciona la necesidad de promover la formalización económica como uno de los caminos para ampliar la base tributaria sin asfixiar a los contribuyentes.
Esa es la apuesta de fondo: desmontar un impuesto distorsivo apostando a que más personas entren al sistema formal y paguen tributos justos. Es un desafío ambicioso, más aún en un país con más del 40 % de su economía en la informalidad. No basta con quitar un impuesto: hay que construir un nuevo pacto tributario que no dependa de medidas excepcionales, sino de una estructura coherente, progresiva y eficiente.
Ahora bien, el éxito de esta reforma no dependerá solo de su diseño legislativo, sino de la voluntad política para ejecutarla sin dilaciones. En 2026, cuando se acerque el primer peldaño del desmonte, el país ya tendrá un nuevo gobierno y, quizá, otras prioridades fiscales. ¿Estarán quienes lleguen dispuestos a cumplir lo prometido? La historia reciente sugiere que muchas reformas mueren en la implementación, no en el Congreso.
El desmonte del 4×1.000 no es solo una decisión técnica. Es una señal política. Si se hace con responsabilidad, puede ser el primer paso hacia un sistema tributario más justo, que no castigue el uso del sistema financiero y que incentive la formalización. Pero si se convierte en una promesa incumplida más, solo añadirá frustración a una ciudadanía que ya ha pagado durante 25 años por un impuesto que nunca debió durar tanto.
