Rionegro, un municipio que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, vivió días de incertidumbre y preocupación tras el inesperado derrame de aceite quemado en el río Negro, que dejó sin agua a miles de habitantes. La situación se desarrolló entre el martes y el miércoles pasados, cuando un vertimiento de hidrocarburo contaminó este afluente, afectando gravemente a unos 38.500 usuarios que dependen del suministro de agua potable. Las consecuencias fueron inmediatas y, para sorpresa de muchos, la crisis no solo alteró el suministro de agua, sino que también obligó a suspender las clases en más de 17 instituciones educativas oficiales, afectando a más de 10.000 estudiantes.
Desde el inicio, las autoridades locales y EPM, la empresa encargada de la distribución de agua, trabajaron arduamente para identificar el origen del vertimiento. Según los primeros informes, el vertimiento no estaba relacionado con ninguna actividad de la empresa, lo que descartaba cualquier responsabilidad directa. A pesar de las medidas inmediatas adoptadas por EPM, como la suspensión del servicio y el envío de personal técnico para mitigar el daño, la noticia de la contaminación fue un golpe duro para la comunidad. La incertidumbre creció al saber que la sustancia derramada no había ingresado a la planta de potabilización, lo que generó una ligera esperanza de que la situación podría resolverse rápidamente.
El servicio de agua potable fue suspendido en una gran parte del municipio, incluyendo barrios como Abreo, Llanogrande, San Antonio de Pereira, y Cuatro Esquinas. Ante esta emergencia, la alcaldía de Rionegro dispuso la entrega de agua a través de carrotanques, priorizando los sectores más vulnerables, como el hospital y las instituciones de salud. No obstante, la falta de agua potable afectó las labores cotidianas, y la desescolarización de los estudiantes evidenció lo grave de la situación. Los padres de familia, los docentes y los trabajadores del municipio se vieron obligados a reorganizar sus actividades debido a la falta de suministro básico.
El trabajo del personal técnico fue arduo y constante. Rodolfo Mira, jefe de la Unidad de Potabilización de EPM, detalló que las labores se centraron en identificar y neutralizar la contaminación en el río, con el objetivo de restaurar la calidad del agua y garantizar el suministro a los hogares afectados. A pesar de los esfuerzos, la situación no se resolvió de inmediato. La noche del martes y las primeras horas del miércoles pasaron sin avances significativos, lo que aumentó la tensión y las expectativas de los rionegreros, que esperaban con ansiedad el restablecimiento del servicio.
El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, se mantuvo informado durante toda la emergencia y, a las 5:00 a.m. del miércoles, se trasladó personalmente hacia la bocatoma y la planta de tratamiento de EPM para conocer de primera mano los avances de los trabajos. Aunque la situación parecía no tener una solución inmediata, la gestión directa del mandatario local dio señales de que la crisis podría aliviarse pronto. El compromiso de las autoridades con la resolución del problema fue evidente, y la colaboración entre EPM, la alcaldía y otros organismos locales fue crucial para mantener la calma en medio de la emergencia.
El miércoles por la mañana, los esfuerzos de los técnicos y las autoridades comenzaron a dar sus frutos. A las 11:00 a.m., los análisis preliminares de la calidad del agua mostraron resultados favorables, lo que permitió que las labores de recuperación se intensificaran. En las siguientes horas, el servicio de agua se restableció de manera gradual en los diferentes sectores de Rionegro. Aunque la crisis fue resuelta, el proceso dejó lecciones importantes sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y la necesidad de mantener un sistema de vigilancia más riguroso sobre las actividades industriales en la región.
Este incidente también puso en evidencia la importancia de la preparación ante emergencias ambientales. El rápido despliegue de carrotanques, la comunicación constante con la comunidad y la efectiva intervención de las autoridades fueron fundamentales para minimizar el impacto. Sin embargo, el vertimiento de hidrocarburos en el río Negro es un recordatorio de la necesidad urgente de fortalecer la regulación y la vigilancia en cuanto al manejo de sustancias peligrosas en zonas sensibles como los ríos.
La comunidad de Rionegro, aunque agradecida por la pronta respuesta de las autoridades, ahora enfrenta el desafío de encontrar respuestas claras sobre el origen del derrame y las medidas que se tomarán para evitar que un incidente similar se repita en el futuro. La protección de los recursos naturales y el bienestar de los ciudadanos deben ser prioridades para garantizar que situaciones como esta no alteren la calidad de vida de los habitantes de este próspero municipio antioqueño.
