En la Colombia política, donde la legalidad muchas veces coquetea con la transacción clandestina, las revelaciones recientes sobre el uso de dineros corruptos de la UNGRD para “aceitar” la aprobación de la reforma pensional representan algo más que un escándalo: son la confirmación de que incluso los grandes debates de Estado pueden estar manchados por intereses oscuros. El testimonio de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, ante la Fiscalía, ha hecho estallar una bomba ética que retumba hasta el corazón del Congreso.
Según la confesión de Ortiz, al menos 3.000 millones de pesos provenientes de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no fueron usados para atender tragedias naturales ni reforzar la prevención, sino para lubricar decisiones políticas. El destinatario de ese dinero, según su versión, fue Iván Name, entonces presidente del Senado, a quien se le habría pedido impulsar no solo la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, sino también respaldar las reformas clave del Gobierno Petro, incluida la pensional.
Las implicaciones son gravísimas. Si esta versión se sostiene, no estaríamos ante una simple coima por un nombramiento judicial, sino ante un episodio de corrupción estructural que compromete el proceso legislativo. La reforma pensional, que afecta a millones de colombianos y pretende redefinir la seguridad social del país, habría sido tramitada bajo una nube de presiones ilegales y acuerdos turbios. Un golpe a la legitimidad del sistema democrático.
En octubre de 2023, en un desayuno en la oficina del senador Name, según Ortiz, se selló el primer compromiso: la elección de Fernández. Y se cumplió con celeridad. Pero lo más inquietante es que ese episodio habría sido solo una pieza en una estrategia mayor de influencia política financiada con recursos públicos desviados de su finalidad. El dinero de las emergencias, de los damnificados, convertido en moneda de cambio en los pasillos del poder.
El Gobierno ha guardado silencio oficial mientras crece la indignación ciudadana. ¿Quién más sabía? ¿Cuántos más participaron? ¿Se convirtió la UNGRD en una caja negra al servicio de la gobernabilidad? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero cada nueva filtración acerca más al país a una verdad incómoda: que el poder en Colombia sigue operando, muchas veces, desde los márgenes de la legalidad.
El impacto sobre la reforma pensional puede ser demoledor. No solo por la posibilidad de que se haya aprobado con votos contaminados por intereses ilícitos, sino porque ahora su legitimidad estará inevitablemente en entredicho. La confianza pública en los procesos legislativos, ya debilitada, enfrenta un nuevo y profundo deterioro.
La Fiscalía tiene en sus manos un caso que va más allá de lo penal: es un asunto de moral pública, de reconstrucción del vínculo entre representantes y representados. Si no se esclarece hasta el fondo, si no se identifican y sancionan todos los involucrados, el mensaje que quedará será el de siempre: que en Colombia se puede negociar el futuro de un país mientras se roba el presente de los más vulnerables.
Porque cuando el dinero de las tragedias sirve para negociar reformas, el verdadero desastre no es natural, es institucional. Y reconstruir esa confianza perdida tomará mucho más que un proceso judicial: requerirá voluntad, transparencia y una ciudadanía dispuesta a no olvidar.
