La reciente explicación dada por la Gobernación de Antioquia sobre el cobro de la nueva tasa de seguridad ha desatado una fuerte controversia, especialmente entre los empresarios del departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón, en una entrevista con Caracol Radio, anunció que este impuesto se liquidará mensualmente, pero la facturación se realizará de manera trimestral. Aunque en principio la medida fue aprobada el año pasado, la forma en que se cobrará ha tomado por sorpresa a los gremios económicos, que argumentan no haber sido informados de esta modalidad.
Según el gobernador, el proceso de cobro se llevará a cabo de manera similar al impuesto vehicular, en el que los usuarios tendrán la posibilidad de pagar a través de canales habilitados en línea. Este anuncio fue recibido con malestar por los representantes de las principales agremiaciones del departamento, quienes aseguraron que nunca se les mencionó que la tasa de seguridad sería facturada trimestralmente. Para los empresarios, esta noticia no solo fue inesperada, sino que altera la planificación financiera que habían hecho basándose en la información proporcionada previamente.
Nicolás Posada López, presidente del Comité Intergremial de Antioquia, fue uno de los primeros en manifestar su desconcierto. En declaraciones públicas, Posada expresó que, durante todas las discusiones previas, nunca se había mencionado que el cobro de la tasa se haría bajo la modalidad de facturación trimestral. “Nos sorprendemos con esta nueva información que da la Gobernación de Antioquia”, sostuvo, haciendo énfasis en la falta de claridad en los anuncios oficiales. Además, resaltó que los empresarios habían planificado su flujo de caja bajo la expectativa de un cobro mensual, como se había discutido inicialmente.
El descontento no solo se limita a la confusión, sino que también se extiende a la forma en que esta medida impactará la gestión de las empresas en el departamento. Las empresas, particularmente las de pequeño y mediano tamaño, tendrán que adaptarse a una nueva modalidad de pago que afecta directamente su liquidez y sus operaciones financieras. La sorpresa y las críticas apuntan a la falta de una comunicación más clara y la falta de espacio para que los gremios pudieran adecuar sus proyecciones a este cambio en el sistema de cobro.
Ante las críticas, la Secretaría de Hacienda de Antioquia trató de mitigar la controversia aclarando que, aunque las facturas físicas llegarán cada tres meses, los contribuyentes podrán realizar el pago mensual si así lo prefieren, a través de una plataforma digital que será habilitada próximamente. Sin embargo, esta aclaración no ha logrado disipar por completo las dudas y el malestar de los empresarios, quienes insisten en que la falta de previsibilidad en los detalles del cobro afecta la confianza en el proceso y la capacidad de planificación de sus negocios.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y comunicación entre las autoridades regionales y los sectores productivos. Las decisiones fiscales de esta magnitud requieren no solo de un proceso legislativo claro y bien estructurado, sino también de un diálogo constante con los gremios que representan a los actores clave de la economía local. La incertidumbre generada por este cambio inesperado podría tener efectos perjudiciales en la relación entre el Gobierno de Antioquia y el sector empresarial, un vínculo que, en tiempos de crisis económica, resulta esencial para el bienestar de la región.
