La política colombiana, tan habituada al vértigo de los escándalos, vuelve a situarse al borde del conflicto institucional con el posible regreso del senador Ciro Ramírez a su curul. Luego de que la Corte Suprema de Justicia revoca la medida de aseguramiento que lo mantenía tras las rejas desde diciembre de 2023, la polémica ahora se traslada a la mesa directiva del Congreso, que tiene en sus manos una decisión tan jurídica como política.
Ramírez, ficha clave del Centro Democrático, había sido capturado por su presunta participación en el caso “Las Marionetas”, un escándalo de corrupción que involucra la manipulación de millonarios contratos estatales. Aunque la justicia no lo ha condenado y sigue vinculado al proceso, su defensa argumenta que la suspensión de la medida privativa de libertad le permite retomar funciones como congresista. En lo legal, no está inhabilitado. En lo político, el debate apenas comienza.
La Corte ha cumplido su papel: revocó la detención al no encontrar méritos para prolongarla. Pero la controversia no se disipa. El Senado deberá decidir si reconoce nuevamente a Ramírez como legislador activo, una decisión que reabre preguntas de fondo sobre los límites entre la presunción de inocencia y la legitimidad ética del ejercicio del poder público. ¿Puede representar al pueblo un político señalado en un caso de corrupción de semejante envergadura, aunque no haya sido condenado?
El antecedente inmediato inquieta: la credibilidad del Congreso se encuentra en uno de sus puntos más bajos. Según diversas encuestas, más del 70 % de los colombianos desconfía del Legislativo. Casos como el de Ramírez, que se suman a una larga lista de congresistas investigados o procesados, alimentan esa desconfianza y refuerzan la percepción de que la política es un refugio para la impunidad.
En los pasillos del Capitolio, la atmósfera es tensa. Algunos congresistas, incluso dentro del mismo partido de Ramírez, prefieren el silencio. Otros, especialmente desde las bancadas alternativas, han manifestado su rechazo al posible regreso del senador. Para ellos, más allá de las formalidades jurídicas, está en juego la ética institucional y la responsabilidad política frente a una ciudadanía harta del clientelismo y la corrupción.
El equipo jurídico de Ramírez ha solicitado formalmente a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema y a la presidencia del Senado que se restablezcan sus funciones. Todo indica que la mesa directiva, encabezada por la senadora Angélica Lozano, tendrá que pronunciarse en los próximos días. Su decisión sentará un precedente para futuros casos similares, y por ello no será tomada a la ligera.
El caso de Ciro Ramírez no solo es un capítulo más en la crónica judicial de la política nacional; es un espejo que refleja las contradicciones de nuestra democracia. La separación de poderes, el respeto al debido proceso y el juicio moral de la opinión pública convergen en una encrucijada difícil de sortear. Y cada paso en falso puede profundizar la brecha entre la ciudadanía y sus representantes.
El Senado tiene ante sí una decisión que excede lo administrativo. Reintegrar a un senador investigado por corrupción sin una sanción clara puede parecer legal, pero también puede socavar la ya frágil legitimidad del Congreso. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se podrá seguir apelando a la presunción de inocencia sin considerar el peso de la ética pública?
