Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto imputar cargos a Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y una figura discreta pero influyente en el actual mapa del poder. Acusado de lavado de activos, cohecho y peculado por apropiación, su nombre se suma a la ya extensa lista de protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ha comenzado a corroer el corazón del Gobierno.
González no es un funcionario cualquiera. Su hoja de vida incluye la dirección del DAPRE, la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia y, sobre todo, un pasado compartido con Petro en la militancia del M-19. Para muchos, era una figura de confianza absoluta del presidente, el tipo de hombre que operaba en las sombras, pero al que pocos se atrevían a cuestionar. Hoy, sin embargo, su silencio retumba como una señal de huida.
Desde que su nombre apareció en la maraña de documentos del caso UNGRD, González ha estado fuera del país. Primero se dijo que vacacionaba en España; luego, que estaría en Costa Rica. La información más reciente apunta a que estaría solicitando asilo político en ese país, argumentando una supuesta persecución judicial. Pero esta versión se tambalea: quienes lo señalan no son enemigos políticos, sino antiguos aliados y miembros del propio Gobierno.
Entre ellos, destaca Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, hoy testigo estrella en su contra. Ortiz ha descrito, con pelos y señales, cómo operaba una red de repartija de contratos y favores desde las entrañas del poder. Sus declaraciones no solo comprometen a González, sino que revelan un modus operandi que contradice el discurso ético que Petro ha sostenido desde su llegada a la Casa de Nariño.
La Fiscalía, por su parte, se prepara para una audiencia de alto voltaje. No está claro si González aparecerá —en persona o de manera virtual—, pero su ausencia reforzaría la sospecha de fuga. La medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador apunta a un riesgo procesal inminente: temen que el exfuncionario, con contactos dentro y fuera del país, busque eludir la acción de la justicia.
Lo que hasta hace unos meses era un escándalo técnico sobre contratación en un organismo de emergencia, ha escalado hasta convertirse en un terremoto político que ya sacude las bases del petrismo. González no es una pieza menor. Su caída —si se concreta— sería una herida profunda en la narrativa de cambio que el Gobierno ha intentado sostener frente a una ciudadanía cada vez más escéptica.
En este contexto, la figura del presidente queda inevitablemente salpicada. No por complicidad directa, sino por la cercanía evidente con muchos de los implicados. La ética del “nuevo poder” prometía limpiar las cloacas de la política tradicional, pero los nombres que hoy desfilan por los tribunales parecen haber caído en las mismas prácticas de siempre. La diferencia es que ahora las expectativas eran más altas.
Carlos Ramón González, el hombre de la inteligencia, del sigilo, del círculo más íntimo, se convierte ahora en un símbolo incómodo del desgaste prematuro del proyecto que prometía refundar el Estado. El juicio que se avecina no será solo penal: será también político y moral. Porque cuando quienes prometieron no repetir los errores del pasado caen en los mismos abismos, el daño no es solo a un gobierno: es a la esperanza de millones.
