Este martes a las 2:00 p.m., la plenaria del Senado no solo elegirá a un nuevo magistrado para la Corte Constitucional: tomará una decisión con profundas implicaciones para el equilibrio de poderes en Colombia. De la terna presentada por el presidente Gustavo Petro —conformada por dos destacados juristas y el abogado penalista Héctor Carvajal— saldrá el reemplazo de Cristina Pardo, una de las voces más conservadoras y técnicas que ha tenido la Corte en la última década.
La elección llega en un momento álgido. No solo porque la Corte está próxima a debatir la constitucionalidad de la reforma pensional, uno de los pilares legislativos del actual Gobierno, sino porque el favorito en la puja, Héctor Carvajal, es algo más que un aspirante: es el abogado personal del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral, y su nombre ha estado atado a varias controversias públicas y políticas.
Carvajal parecía tener el camino despejado hasta hace pocos días. El respaldo del Partido de la U, el guiño conservador de Efraín Cepeda —presidente del Senado— y la simpatía de sectores liberales lo habían posicionado como el candidato de consenso. Pero la política es cambiante. Un choque entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (tras la salida de Benedetti), y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, había enturbiado la votación. El respaldo ya no es tan claro. Y lo que se daba por hecho, ahora se debate en conversaciones a puerta cerrada.
Más allá de los movimientos partidistas, la controversia radica en algo más delicado: la independencia judicial. Sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y antiguos magistrados han manifestado su preocupación por la eventual llegada de un abogado tan cercano al jefe de Estado. ¿Puede alguien que defiende personalmente al presidente ante autoridades electorales juzgar con total imparcialidad la constitucionalidad de sus reformas? La pregunta no es menor.
Además, la composición de la terna ha sido blanco de críticas por otro motivo: muchos esperaban que el Ejecutivo presentará únicamente candidatas mujeres como gesto de compromiso con la equidad de género, pues la vacante que se intenta llenar era ocupada por una magistrada. En cambio, se presentó una terna mixta, donde Carvajal ha opacado mediáticamente a las otras dos aspirantes, ambas con trayectorias jurídicas sólidas y experiencia en la rama judicial.
El impacto de esta elección trasciende los pasillos del Capitolio. Si Carvajal es elegido, Petro sumaría un segundo magistrado afín en el alto tribunal, tras la llegada de Vladimir Fernández. El viraje ideológico de la Corte comenzaría a tomar forma, justo cuando se avecinan fallos clave en materia de reformas estructurales, libertad de expresión, y equilibrio entre poderes.
En un país donde la independencia de las altas cortes ha sido históricamente una garantía frente a los excesos del poder, el Senado tiene hoy una responsabilidad que excede lo coyuntural. No se trata solo de llenar una silla vacía, sino de proteger la legitimidad de una institución que, en medio del ruido, debe seguir hablando con la voz serena de la Constitución.
La democracia colombiana no puede darse el lujo de convertir a la Corte Constitucional en una extensión del Ejecutivo. La toga, por más que conviva con la política, debe mantenerse libre de servidumbres. Hoy, más que nunca, la independencia judicial no es un ideal: es una necesidad.
