El escándalo por los presuntos malos manejos en la contratación de la empresa Cyan Eventos durante la administración de Federico Gutiérrez sigue cobrando fuerza. Esta vez, el Distrito de Medellín, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y Metroparques fueron reconocidos oficialmente como víctimas dentro del proceso penal en curso por los contratos presuntamente irregulares que habrían afectado a estas entidades durante los años 2020 y 2021. La decisión fue tomada por el juez 28 Penal del Circuito de Medellín, quien, en una audiencia virtual celebrada el pasado 16 de mayo, admitió que estas instituciones públicas sufrieron tanto daños económicos como reputacionales debido a los contratos firmados con Cyan.
El proceso, que involucra a tres exfuncionarios de alto nivel de la administración de Gutiérrez, se centra en los contratos suscritos por el Inder y Metroparques con la mencionada empresa, por un monto aproximado de 23.594 millones de pesos provenientes del fondo del Presupuesto Participativo. Este fondo está destinado a proyectos de infraestructura y beneficio colectivo para la comunidad, pero, según la Fiscalía, su ejecución se habría visto viciada por irregularidades que comprometen la legalidad de los contratos y, lo que es aún más grave, la confianza pública en el manejo de los recursos del Estado.
Los abogados de las tres entidades afectadas argumentaron que el daño causado no sólo fue económico, sino también reputacional. Según su versión, los contratos celebrados con Cyan Eventos habrían sido gestionados de manera indebida, lo que generó una serie de perjuicios a nivel institucional. Los implicados, según se afirma, abusaron de sus cargos públicos, lo que generó una crisis de confianza tanto en las instituciones como en los ciudadanos que confiaron en su gestión.
La exdirectora del Inder, Diana Paola Toro, es una de las principales imputadas en este caso, enfrentando cargos por presunto peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Estos cargos no solo involucran la posible malversación de fondos públicos, sino que también implican la firma de acuerdos sin la debida diligencia, lo que ha sido un tema recurrente en las investigaciones de la Fiscalía.
Por otro lado, María Eugenia Domínguez, exgerente de Metroparques, también es señalada por delitos relacionados con la administración pública, incluyendo el contrato sin cumplimiento de requisitos legales y el interés indebido en la celebración de contratos. De igual forma, enfrenta cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, lo que agrava aún más la situación al implicar la desviación de recursos destinados a la comunidad.
Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, completa el trío de imputados. Liévano está acusado de asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, además de estar involucrado en los mismos cargos de contratos sin cumplir los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Su implicación ha intensificado la atención sobre cómo operaban las dinámicas de contratación en la administración pasada, con altos funcionarios jugando un rol clave en la celebración de contratos que, según la Fiscalía, no cumplían con las normativas legales y afectaron gravemente el destino de recursos públicos.
El caso ha puesto en evidencia las grietas en el sistema de contratación pública en Medellín, un proceso que, según algunos expertos, no ha sido lo suficientemente transparente. La falta de control y la vulnerabilidad de los mecanismos administrativos para garantizar el cumplimiento de la ley han quedado al descubierto. Y, como se ha señalado desde las primeras etapas de la investigación, las víctimas no son solo las entidades públicas, sino también los ciudadanos que se ven privados de los beneficios que estos proyectos podían haber traído para sus comunidades.
A medida que avanza este proceso judicial, las expectativas están centradas en qué consecuencias tendrá para los implicados, así como en la posible reforma de los mecanismos de contratación en el Distrito. Lo que está claro es que la sociedad exige respuestas y soluciones claras frente a las irregularidades que se han venido evidenciando, y que son producto de una mala gestión de recursos que, en última instancia, afectan a la población más vulnerable. La lección que deja este caso es clara: la transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la gestión pública, especialmente en un contexto donde el uso de fondos públicos debe ser manejado con la máxima responsabilidad.
