En medio de un clima político caldeado y con la reforma a la salud aún sin rumbo claro, el presidente Gustavo Petro vuelve a poner sobre la mesa el mecanismo de la consulta popular como herramienta de presión y legitimación ciudadana. Esta vez, con una pregunta que apunta directamente al corazón del sistema de salud: el precio de los medicamentos y la capacidad del Estado para producirlos y distribuirlos. La medicina, literal y metafóricamente, entra en el centro del debate.
El anuncio lo hizo el propio jefe de Estado, a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde señaló que el próximo lunes radicará una nueva pregunta para consulta: “¿Está usted de acuerdo con que el precio de los medicamentos baje y que el Estado pueda comprarlos y producirlos, especialmente los esenciales y los que tratan enfermedades prevalentes?”. La propuesta, que se suma a las 12 preguntas inicialmente formuladas —y luego archivadas por el Senado—, abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Aunque el espíritu de la iniciativa puede resultar popular —¿quién no quiere medicamentos más baratos?—, el camino para convertir esa intención en una política de Estado es empinado y está lleno de obstáculos jurídicos, económicos y técnicos. No se trata solo de un problema de precios: detrás del acceso a medicamentos hay patentes, tratados internacionales, poderosos intereses farmacéuticos y una cadena de distribución que rara vez se ajusta al control estatal sin resistencia.
Lo que sí resulta evidente es que el Gobierno está decidido a convertir las consultas populares en una herramienta política para desbloquear reformas que el Congreso no ha querido aprobar. Petro acusa al Senado de haber actuado “fraudulentamente” al archivar preguntas claves como la que abría la puerta al crédito para microempresarios. Ahora, afirma, es el turno de la salud, insinuando que las grandes farmacéuticas también tienen un rol en el bloqueo de sus reformas.
Pero más allá de la denuncia política, hay una discusión profunda que el país no puede eludir: ¿debe el Estado colombiano tener la capacidad de producir medicamentos esenciales? ¿Es viable económica y tecnológicamente? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del sector público y dónde comienza la del mercado? Las respuestas no son simples, y la experiencia de otros países muestra que la intervención estatal en esta materia requiere de planificación, inversión y, sobre todo, consenso.
Algunos expertos en salud pública han advertido que medidas apresuradas o populistas podrían desincentivar la innovación médica o provocar desabastecimiento. Otros, por el contrario, celebran la iniciativa como un intento necesario de recuperar la soberanía sanitaria. Lo cierto es que el debate ya está abierto, y el Gobierno busca que no solo se dé en las salas técnicas del Ministerio de Salud, sino también en las urnas.
En ese contexto, la consulta popular se convierte no solo en un mecanismo de participación, sino en un termómetro de gobernabilidad. Petro apuesta a que la ciudadanía legitime en las urnas lo que el Congreso le niega en los debates. Es una jugada arriesgada: si el resultado no lo acompaña, su proyecto político podría debilitarse; si triunfa, reconfiguraría por completo la relación entre Estado, mercado y sociedad.
Colombia, entonces, se asoma a una disyuntiva histórica: ¿será la democracia directa el antídoto contra la parálisis institucional? ¿O se convertirá en un recurso desgastado por la polarización? Mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando una solución real al costo de sus medicamentos. Porque al final del día, más allá de las preguntas, está el derecho elemental a la salud. Y ese no admite demoras.
