En medio del acalorado debate nacional sobre la fallida consulta popular promovida por el Gobierno, la voz de la experiencia y la razón fiscal se ha hecho oír con firmeza. Exministros de Hacienda, líderes gremiales y representantes del sector empresarial han coincidido en un punto esencial: el Congreso hizo lo correcto al rechazar una propuesta que, más allá de lo político, significaba un costo inaceptable en medio de una coyuntura económica delicada. La cifra de $750.000 millones, destinada a una consulta cuyo sentido era más simbólico que práctico, resuena con fuerza en un país con necesidades urgentes.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, no se anduvo con rodeos al calificar la iniciativa como “botar el dinero a la caneca”. Más que una crítica económica, su declaración es una denuncia ética sobre el uso de los recursos públicos. La reflexión sobre esos fondos y su posible destino alternativo —por ejemplo, en subsidios para estudiantes del Icetex— plantea una pregunta que debe interpelar a todo gobierno: ¿para quién se gobierna y con qué prioridades?
Desde el sector empresarial, voces como la de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, recalcaron que el Congreso es el escenario natural para la discusión de reformas estructurales. No se trata de una defensa cerrada del statu quo, sino de un recordatorio sobre las reglas de juego de la democracia. La institucionalidad no puede convertirse en un obstáculo a vencer, sino en el marco que garantiza estabilidad y legitimidad en las decisiones de fondo.
Fenalco, por su parte, coincidió en que no es momento de experimentar con mecanismos que pueden politizar aún más un clima ya polarizado. La consulta, según varios analistas, parecía diseñada para producir un resultado favorable al Gobierno, una suerte de refrendación indirecta de su agenda económica y social. En ese sentido, más que un instrumento de participación, era una apuesta estratégica con alto costo y poca claridad.
El llamado de los gremios no es, sin embargo, a la confrontación. Mac Master propuso una salida que debería estar sobre la mesa: diálogo concertado, participación multisectorial y reformas que respondan tanto a los intereses de los trabajadores como a los del país productivo. Esta visión contrasta con el relato de un Ejecutivo que, ante el revés legislativo, ha optado por recurrir al pueblo y a la calle como formas de presión.
Lo ocurrido en el Senado no debe interpretarse como una victoria de unos sobre otros, sino como una reafirmación del principio democrático de pesos y contrapesos. El Gobierno tiene la legitimidad del voto popular, pero el Congreso tiene la misión de deliberar y decidir, incluso cuando sus conclusiones no son las que espera la Casa de Nariño. Esa es la esencia de una república pluralista.
La discusión sobre el gasto público no es técnica ni ajena a la ciudadanía. Cada peso invertido —o malgastado— implica una decisión de país. En tiempos donde las necesidades sociales se multiplican, el despilfarro se vuelve no solo un error, sino una afrenta. Por eso, el respaldo al hundimiento de la consulta es también un grito por responsabilidad fiscal, por transparencia y por sentido común.
El presidente Petro tiene ahora la oportunidad de leer entre líneas lo que este revés significa. La institucionalidad no es un obstáculo, sino una garantía de gobernabilidad. La historia demuestra que los gobiernos que dialogan con las reglas democráticas y escuchan a todos los sectores —no solo a los que les aplauden— son los que logran dejar una huella duradera.
