En medio del ya enrarecido clima político y económico que atraviesa el país, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras volvió a irrumpir en el debate público con una advertencia que no pasó desapercibida: el nuevo decreto del Ministerio de Hacienda, que propone adelantar el recaudo del impuesto de renta de 2026, podría, según él, “dejar al próximo gobierno sin oxígeno fiscal”. La acusación es tan técnica como política, pero no por eso menos grave. En esencia, Vargas Lleras cuestiona que el Gobierno esté hipotecando ingresos futuros para sostener su presente.
La propuesta del Ministerio busca que las empresas adelanten parte de su pago de renta, correspondiente a la vigencia 2026, a partir del próximo año, con el argumento de que se requiere liquidez para afrontar los compromisos fiscales inmediatos. Desde la óptica del Ejecutivo, no se trata de una maniobra irregular, sino de una estrategia de manejo de caja en un contexto de restricciones presupuestarias y una economía que aún da señales de lentitud.
Pero el exvicepresidente no compra ese discurso. En una columna publicada este fin de semana y replicada en distintos escenarios, Vargas Lleras acusó al gobierno de estar sacrificando la estabilidad de largo plazo por la necesidad de cuadrar las cuentas hoy. “Están raspando la olla de los ingresos del próximo gobierno”, escribió, aludiendo al riesgo de que quien llegue a la Casa de Nariño en 2026 se encuentre con un hueco fiscal aún más profundo que el actual.
Más allá de la postura política, el debate tiene un componente técnico complejo. El anticipo del impuesto de renta podría aliviar las finanzas públicas en el corto plazo, pero también tiene efectos colaterales: compromete la sostenibilidad del recaudo futuro, reduce el margen de maniobra del próximo mandatario y puede generar una carga extra para las empresas, que ya enfrentan un entorno económico difícil, con bajo crecimiento y tasas de interés aún elevadas.
Lo paradójico es que este tipo de medidas no son nuevas en Colombia. Gobiernos anteriores, en situaciones similares, también recurrieron a la figura de los anticipos tributarios como forma de oxigenar la caja. Pero la diferencia radica en el momento político: estamos en la antesala de una carrera presidencial, con la legitimidad del gobierno desgastada y las cuentas públicas bajo escrutinio. En ese contexto, cada decisión adquiere un tinte electoral inevitable.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha salido al paso de las críticas, asegurando que la medida no afectará la autonomía financiera del próximo gobierno y que se están tomando precauciones para evitar un “efecto vacío” en el mediano plazo. Aun así, el ruido persiste. Economistas, gremios y analistas advierten que el país necesita no solo soluciones coyunturales, sino una verdadera reforma fiscal estructural que permita aumentar el recaudo sin seguir exprimiendo a los mismos sectores.
En el fondo, este pulso no es solo sobre números. Es sobre confianza. La desconfianza creciente entre el sector privado y el Gobierno, alimentada por decisiones como ésta, dificulta la inversión, entorpece el crecimiento y socava el ya frágil consenso fiscal del país. Y cuando un ex vicepresidente lanza alertas tan contundentes, no se trata solo de una crítica de oposición: es un termómetro del nivel de tensión que vive la institucionalidad económica.
El tiempo dirá si la advertencia de Vargas Lleras fue una exageración o una profecía que se cumple al pie de la letra. Pero por ahora, el país sigue avanzando con el cinturón apretado, los bolsillos cada vez más vacíos y el futuro económico caminando sobre una cuerda floja cada vez más delgada.
