En la bruma densa que cubre la política del Caribe colombiano, el nombre de Juan Manuel Ucrós vuelve a resonar, esta vez no por su activismo o cercanía con el petrismo, sino por una investigación que sacude las estructuras locales de poder. Ucrós, reconocido líder político de Soledad, Atlántico, y hasta hace poco Registrador de Instrumentos Públicos de ese municipio, fue capturado junto a otras 16 personas en el marco de una operación de gran alcance contra el presunto robo de tierras.
La acción fue liderada por el grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional, que desplegó una ofensiva sin precedentes en varias localidades del Atlántico. Las autoridades señalan que la red desmantelada habría utilizado su influencia institucional para alterar registros, apropiarse ilegalmente de predios y consolidar un esquema de corrupción que habría operado durante años a plena luz del día. El nombre de Ucrós, por su rol público y sus aspiraciones políticas, se convierte en el epicentro de una tormenta.
Ucrania no era un desconocido para los soledenses. Su aspiración a la Alcaldía por el movimiento Colombia Humana, su cercanía al ideario progresista del presidente Gustavo Petro y su cargo en la Registraduría de Instrumentos Públicos lo ubican como una figura visible y, para algunos, con proyección política. Esa misma visibilidad hoy lo convierte en símbolo de un problema mayor: el uso del poder público como trampolín para intereses privados.
Más allá del impacto mediático, este caso pone sobre la mesa una de las heridas abiertas de la región Caribe: la disputa por la tierra. El despojo, la apropiación fraudulenta y la manipulación de títulos no son nuevos, pero su persistencia revela cuán frágil es aún el entramado institucional que debería proteger los derechos de propiedad. En este contexto, la captura de Ucrós y sus presuntos cómplices es también un llamado urgente a fortalecer los controles en los entes públicos encargados del registro de tierras.
La fotografía de Ucrós junto al presidente Petro, ampliamente compartida en redes, ha sido utilizada por detractores del gobierno para lanzar acusaciones apresuradas y generalizaciones políticas. Sin embargo, el presidente, al compartir los resultados de la operación en su cuenta oficial, envió un mensaje contundente: la lucha contra la corrupción no hace distinciones ideológicas. La política, si quiere recuperar legitimidad, debe comenzar por cortar vínculos con quienes traicionan el mandato público.
No obstante, las capturas son solo el primer paso. La verdadera prueba estará en la capacidad de la justicia para esclarecer los hechos, desmontar las redes de corrupción y evitar que los procesos terminen en impunidad. Cada caso que se archive sin consecuencias, cada expediente que se dilate, es una herida más a la ya frágil confianza ciudadana.
El episodio también deja una lección para los movimientos alternativos: la transparencia no puede ser un discurso, debe ser una práctica. Y esa práctica exige mecanismos de control interno, filtros éticos y un compromiso radical con la coherencia. Si el progresismo quiere marcar diferencia en los territorios, debe ser implacable con quienes, desde sus propias filas, traicionan las banderas de cambio.
Por ahora, la comunidad de Soledad espera respuestas. Porque detrás de cada predio robado, hay familias desplazadas, comunidades engañadas y derechos vulnerados. Y porque cuando la tierra, que debería ser raíz y sustento, se convierte en botín, lo que está en juego no es solo la legalidad: es la dignidad.
