En un país que aún sueña con la paz mientras camina entre las ruinas del conflicto, la historia de Sandra Milena Martínez se alza como un grito desgarrador que desgarra el alma y desafía cualquier narrativa de reconciliación. Embarazada de nueve meses —o tal vez ya madre, en las sombras de la selva— Sandra Milena sigue secuestrada por las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá Córdoba, en algún rincón remoto del sur del país, lejos de los titulares, de los pronunciamientos oficiales y, sobre todo, de la justicia.
Secuestrada el 26 de noviembre de 2023 cuando apenas tenía cuatro meses de embarazo, Sandra Milena desapareció sin dejar rastro en el municipio de Paujil, Caquetá. Hoy, a puertas de dar a luz, su pareja, Camilo, clama al vacío por una prueba de vida, por un gesto, por una señal que confirme que ella —y su hijo— aún respiran. Pero lo que encuentra es silencio. Un silencio denso, cómplice, que convierte la esperanza en agonía.
Lo más estremecedor de este caso no es solo el acto brutal del secuestro, sino su contexto: Sandra Milena permanece retenida por un grupo armado que, en simultáneo, se sienta a negociar la paz con el Gobierno Nacional. Mientras en Bogotá se discuten protocolos y compromisos humanitarios, en el corazón del Caquetá una mujer embarazada es tratada como rehén, como moneda de cambio, como símbolo de una guerra que se resiste a morir.
“¿Dónde está lo humanitario?”, pregunta Camilo, con la voz cargada de impotencia. Exmiembro de las antiguas Farc, conocedor de los códigos no escritos de la selva, no logra comprender el porqué de este castigo. No ha recibido exigencias, ni demandas económicas, ni comunicación alguna. Solo el eco de los rumores que llegan desde quienes aún se mueven por trochas ocultas y saben, con certeza inquietante, que Sandra sigue con vida.
Las autoridades, por su parte, mantienen un prudente hermetismo. Ni confirmaciones y desmentidos. El caso parece congelado en la opacidad, como si su existencia incomodara las agendas de paz y los avances del diálogo. Pero la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve un cese al fuego si se ignoran los crímenes que siguen ocurriendo en medio de él?
El caso de Sandra Milena es una bofetada al discurso oficialista, una alerta sobre la fragilidad del proceso que el Gobierno intenta consolidar con las disidencias. Porque no hay paz posible si se sigue secuestrando mujeres, menos aún si están a punto de dar a luz. La vida no puede ser rehén de ninguna causa, y menos de una que se pretende legitimar en nombre de la justicia social.
Desde Putumayo hasta el Congreso, pasando por las mesas de negociación, este caso debería sacudir conciencias. No se trata sólo de exigir su liberación, sino de reconocer que cada día que pasa sin ella es una derrota para el país entero. Colombia no puede permitirse normalizar el secuestro, mucho menos cuando se perpetra con la excusa de la insurgencia.
Hoy, mientras el país avanza entre acuerdos, reformas y promesas, en alguna parte de la selva una mujer —y quizás ya un recién nacido— esperan volver a casa. Su historia, silenciada entre discursos y comunicados, es un recordatorio urgente de que la paz no se mide en declaraciones, sino en la vida concreta de quienes aún viven bajo el miedo. Sandra Milena debe volver. No mañana. Hoy.
