El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha desatado una ola de controversia con la propuesta de instaurar una “Tasa Especial de Seguridad Multidimensional” que, en principio, se aplicaría a los estratos 4, 5 y 6. Esta iniciativa, que ya ha sido implementada en departamentos como Antioquia y Atlántico, busca recaudar fondos para mejorar la seguridad en la región, destinando el dinero a la compra de cámaras de vigilancia, la mejora de las instalaciones de la fuerza pública y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con la seguridad vial y deportiva. Aunque la propuesta tiene como objetivo mejorar la seguridad en un contexto cada vez más complejo, su implementación ha generado un intenso debate, especialmente por las implicaciones sociales y económicas que podría acarrear.
El mecanismo de cobro es una sobretasa sobre el consumo de energía, estimada en 66 pesos colombianos por kilovatio consumido, lo que representa 6.600 pesos adicionales por cada 100 kilovatios consumidos al mes. A pesar de las explicaciones del gobernador sobre la necesidad de esta medida para fortalecer la seguridad en el departamento, la propuesta ha recibido fuertes críticas tanto a nivel local como nacional. Diputados como Danovis Lozano, del partido Alianza Verde, y el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, han cuestionado la legalidad y equidad de una medida que, según ellos, podría agravar la carga económica de la ciudadanía, especialmente de aquellos con menos recursos.
El gobierno de Gustavo Petro se ha sumado a las críticas, alertando sobre los riesgos de una política fiscal regresiva. El presidente Petro ha expresado que el cobro de sobretasas sobre servicios públicos, como el agua y la energía, suele tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables de la población, pues afecta de manera uniforme a todos los usuarios, sin tener en cuenta su capacidad económica. Según el mandatario, la constitución colombiana establece que los impuestos deben ser progresivos, es decir, deben gravar más a quienes tienen mayores ingresos, no a aquellos que ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Petro ha insistido en que imponer este tipo de impuestos a través de las facturas de servicios públicos es una forma de aumentar la desigualdad social. En su cuenta de Twitter, señaló que este tipo de medidas genera más inseguridad, al elevar el costo de vida para los colombianos que ya enfrentan un panorama económico complicado. En lugar de imponer estas tarifas, el presidente propone alternativas como el cobro de impuestos sobre la propiedad, lo que permitiría un enfoque más justo y acorde con las necesidades de las clases más altas.
En medio de este debate, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también se ha pronunciado en contra de la medida, pidiendo que se revise con “rigor y responsabilidad”. Palma subraya que la energía es un servicio público esencial, y que cargar a la ciudadanía con nuevas tarifas podría resultar contraproducente, especialmente cuando el derecho al acceso a estos servicios está garantizado por la constitución. De acuerdo con el ministro, cualquier medida que involucre a los servicios públicos debe tener en cuenta los intereses de la ciudadanía, sin generar un perjuicio adicional.
A pesar de las críticas, Díaz Mateus se ha defendido señalando que la tasa de seguridad es una herramienta válida y legal, conforme a una ley del 2010 que ya ha sido aplicada en otros departamentos del país. Para el gobernador, el objetivo de la medida es claro: mejorar la seguridad de los santandereanos y garantizar que los recursos sean destinados exclusivamente a fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad y a la infraestructura asociada. Asegura que no se trata de una carga impositiva arbitraria, sino de un esfuerzo necesario para combatir la criminalidad en la región.
Sin embargo, el debate sobre esta tasa resalta una cuestión más profunda sobre la justicia fiscal en Colombia. En un país con disparidades económicas tan marcadas, las propuestas de impuestos y sobretasas deben ser evaluadas con una visión crítica que considere tanto los beneficios como los costos para los sectores más vulnerables. Si bien el fortalecimiento de la seguridad es una prioridad en muchas regiones, la carga económica debe ser distribuida de manera que no agrave las condiciones de vida de quienes ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Este conflicto en Santander pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiar la seguridad pública y la protección de los derechos sociales. Mientras que la medida puede ser vista como una solución práctica a corto plazo para mejorar la seguridad, la preocupación de muchos sectores es que esta medida, al ser regresiva, podría agravar las desigualdades que ya afectan a gran parte de la población. Al final, la cuestión central no solo es cómo garantizar la seguridad, sino cómo hacerlo de manera justa, equitativa y sostenible para todos los ciudadanos.
